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ALERTA SOBRE EL ESTATUTO: Defensor del Pueblo, gobernador del BE y el presidente del TSJPV

L D (Agencias) El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha advertido de que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña puede "debilitar" la economía española, a la vez que supone una "fragmentación" del sistema financiero español, genera "conflictos" de interés en el gobierno y supervisión de las cajas de ahorro y puede llegar a comprometer la "eficacia" de la supervisión financiera. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Caruana explicó que la propuesta aprobada en el Parlamento catalán puede llegar a incidir sobre la posición a medio y largo plazo de la economía española en un escenario mundial caracterizado por una creciente competencia y una apertura e integración cada vez mayores.
 
"Cambios institucionales de esta naturaleza pueden tener consecuencias económicas importantes y duraderas, debilitar la eficiencia y capacidad de crecer de la economía y afectar al bienestar del conjunto de los españoles", subrayó Caruana. En materia financiera, el gobernador del Banco de España señaló que la propuesta de modificación del sistema de regulación de las entidades de crédito "podría interpretarse como contraria a la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional", particularmente en lo que se refiere a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. En este sentido, indicó que esta "disgregación" podría dificultar las labores de supervisión del sistema financiero español e incluso podría llegar a comprometer la "eficacia" de la supervisión y "dificultar" el avance en la dirección de convergencia y coordinación en este ámbito, "que demandan las autoridades europeas y los foros internacionales". Por ello, alertó de que debe cuidarse "con especial atención" que el diseño institucional permita gestionar "de manera más eficaz" las políticas económicas y que promueva un entorno que favorezca la iniciativa privada y la competencia, evitando "intervencionismos".
 
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha advertido, en una comunicación a los presidentes del Congreso y del Senado, los representantes de los grupos parlamentarios y a la vicepresidenta primera del Gobierno, entre otras autoridades, que el Proyecto de reforma del Estatuto Catalán "conculca abiertamente" el artículo 54 de la Constitución al definir las competencias del Sindic de Greuges. Además de señalar su legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Defensor acompaña a todos los destinatarios una nota sobre los contenidos que afectan a la Institución en la reforma que se pretende.
 
En ella, pone de manifiesto muy especialmente que el texto del proyecto "recorta claramente la efectividad de los derechos de los ciudadanos, catalanes o no, al impedir que prosperen las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo de España, si tales quejas afectan a la Administración de la Generalitat catalana que habría de ser supervisada, en exclusiva, por el Sindic de Greuges". En este sentido, recuerda que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo un poder de supervisión que se refiere a todas las Administraciones Públicas (la General del Estado, la Autonómica y la Local), razón por la cual ninguna Ley Orgánica puede ignorar tal mandato, así como que "corresponde al Defensor arbitrar el mecanismo de coordinación que asegure la unidad y coherencia de la acción supervisora con los Comisionados autonómicos, entre los que se encuentra el Sindic de Greuges".

Desde el País Vasco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro , manifestó que la Constitución contempla "la unidad de la nación española con absoluta claridad", aunque reconoció que se puede reformar este artículo mediante la voluntad popular. En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ruiz Piñeiro se mostró convencido de que la posible creación de Consejos autonómicos del Poder Judicial "no aportará ninguna ventaja" al actual modelo, sino que, en su opinión, contribuirán a fomentar "la imagen de politización". El máximo representante del alto Tribunal vasco reiteró que "el Poder Judicial es el poder público más descentralizado que existe hoy día en España". "No es sólo el poder estatal más descentralizado, sino que es el más descentralizado comparativamente respecto del Poder ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel estatal como autonómico", añadió. En este sentido, manifestó que desconoce "qué mayor nivel de descentralización se puede producir", salvo que se pretendiera crear un juzgado en cada comunidad de vecinos. 

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