(Libertad Digital) En su edición de este domingo, El Mundo afirma que durante los contactos entre el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA, se llegó a negociar que el Centro Nacional de Inteligencia preparara un "plan" destinado a la reinserción de los terroristas que abandonaran las armas. En total, unos trescientos millones de euros cuya gran parte se utilizaría para pagar a los terroristas 1.500 euros al mes.
Según el reportaje firmado por Antonio Rubio, el plan se iba a desarrollar en un máximo de diez años y en cada uno de ellos se aplicarían, al menos, treinta millones. La vigencia del proyecto, explica, se fundamentaba en la "población carcelaria" etarra, tanto en España como en Francia. Según fuentes oficiales, son 610 los terroristas presos.
Después de que la banda terrorista dejará las armas, según las fuentes cercanas al CNI, las excarcelaciones de etarras se realizarían de forma escalonada, "un goteo". Al parecer, fueron los propios presos los que insistieron en que el plan de reinserción fuera lo suficientemente amplio para que ninguno de ellos quedara fuera.
Para lograr ese propósito, los negociadores terroristas llegaron a recordar al Gobierno lo costoso que para el Estado significa una campaña de atentados en las playas durante el verano y lo fácil que para ETA representa llevarla a cabo. Para cerciorarse de que el plan cumplía con sus expectativas, según las fuentes, los representantes del Gobierno facilitaron a los intermediarios etarras "un borrador con las líneas generales" del proyecto de reinserción.
De acuerdo con expertos en la lucha antiterrorista consultados por El Mundo, el plan de reinserción del Gobierno pretende evitar que, como en el caso de los terroristas del Ejército Republicano Irlandés y de los paramilitares desmovilizados, se convirtieran en traficantes de drogas o engrosaran las filas de la delincuencia. Los informantes recuerdan que "siempre ha habido cercanía entre el entorno de ETA y el mundo del tráfico de hachís" por lo que no sería de extrañar que "algunos de ellos dieran el paso al otro lado".
Del posible acuerdo, siempre según El Mundo, figuraba que ETA, tras comprometerse al cese definitivo de la violencia, se convertiría en una "institución o fundación" para que, de esa forma, pudiera recibir y administrar el dinero que le proporcionaría el Estado. Al margen del plan, destaca también el diario que tras la declaración de tregua de marzo de 2006, un grupo de importantes empresarios vascos se había comprometido ya a dar empleo a etarras que hubieran abandonado las armas o que fueran excarcelados.