LD (Efe) La sentencia hecha pública el pasado miércoles establecía una pena de 20 años para cada tentativa de homicidio, y al restar un día por cada uno de esos delitos, el cómputo total de la condena que deberán cumplir Zougam y Gnaoui es de 15 años de cárcel por dichos delitos.
Así, el total de años de prisión para Zougam será de 42.917 años y de 42.919 para El Gnaoui, ambos condenados como autores de 191 homicidios consumados, 1.856 homicidios en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas.
El auto emitido hoy también fija la indemnización para los familiares de los 191 fallecidos en la masacre de Madrid, así como los del GEO Francisco Javier Torronteras, que murió en Leganés, que recibirán 900.000 euros.
De esta forma, el tribunal subsana la omisión de la cifra económica establecida para las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, ya que debido a un error por las continuas correcciones de la sentencia, en ella sólo aparecían las cantidades fijadas para los heridos y víctimas directas e indirectas de la masacre, entre los 30.000 y un millón y medio de euros.
El tribunal acordó que los acusados Jamal Zougam, Otmal el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel, debían hacerse cargo de las indemnizaciones en su integridad.
En el caso de la indemnización a la familia del GEO, fallecido el 3 de abril de 2004 en la explosión del piso de Leganés en el que se suicidaron siete de los autores de la masacre, es el ex minero Trashorras, quién responderá de la cantidad total.
Además de establecer 900.000 euros para los fallecidos, en el auto de hoy se acuerda que se añada un párrafo en el apartado relativo a las indemnizaciones en el que se fija "la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas".
Fuentes del tribunal han explicado que esto significa que cuando los condenados paguen a las víctimas, éstas tendrían que descontar de esa cantidad la parte que ya les ha abonado el Estado.
Así, aunque los condenados se declaren insolventes, la sentencia le reconoce al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados.
El tribunal aún tiene pendiente emitir alguna aclaración más de la sentencia, por lo que aunque los acusados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, el plazo para presentar ese recurso no comenzará a correr hasta que no se hayan emitido todos los autos aclaratorios.
Los condenados no tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones hasta que la sentencia sea firme, extremo que no se concretará hasta que se resuelvan los recurso de casación.
Así, el total de años de prisión para Zougam será de 42.917 años y de 42.919 para El Gnaoui, ambos condenados como autores de 191 homicidios consumados, 1.856 homicidios en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas.
El auto emitido hoy también fija la indemnización para los familiares de los 191 fallecidos en la masacre de Madrid, así como los del GEO Francisco Javier Torronteras, que murió en Leganés, que recibirán 900.000 euros.
De esta forma, el tribunal subsana la omisión de la cifra económica establecida para las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, ya que debido a un error por las continuas correcciones de la sentencia, en ella sólo aparecían las cantidades fijadas para los heridos y víctimas directas e indirectas de la masacre, entre los 30.000 y un millón y medio de euros.
El tribunal acordó que los acusados Jamal Zougam, Otmal el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel, debían hacerse cargo de las indemnizaciones en su integridad.
En el caso de la indemnización a la familia del GEO, fallecido el 3 de abril de 2004 en la explosión del piso de Leganés en el que se suicidaron siete de los autores de la masacre, es el ex minero Trashorras, quién responderá de la cantidad total.
Además de establecer 900.000 euros para los fallecidos, en el auto de hoy se acuerda que se añada un párrafo en el apartado relativo a las indemnizaciones en el que se fija "la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas".
Fuentes del tribunal han explicado que esto significa que cuando los condenados paguen a las víctimas, éstas tendrían que descontar de esa cantidad la parte que ya les ha abonado el Estado.
Así, aunque los condenados se declaren insolventes, la sentencia le reconoce al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados.
El tribunal aún tiene pendiente emitir alguna aclaración más de la sentencia, por lo que aunque los acusados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, el plazo para presentar ese recurso no comenzará a correr hasta que no se hayan emitido todos los autos aclaratorios.
Los condenados no tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones hasta que la sentencia sea firme, extremo que no se concretará hasta que se resuelvan los recurso de casación.