L D (Europa Press) Conde-Pumpido hizo estas afirmaciones durante su intervención hoy en un desayuno informativo convocado por el Foro Nueva Economía, donde ante el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y numerosos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo afirmó que "en ningún caso" le gustaría ser próximamente ministro de Justicia, ya que se siente mejor "en el ámbito estricto del Poder Judicial".
En respuesta a varias preguntas que se le realizaron sobre la presentación en este momento de las demandas de ilegalización contra ANV y PCTV, el fiscal general dijo sentirse respaldado en sus tesis por el contenido de los autos en los que el Tribunal Supremo impide la presentación de la primera de estas formaciones a los comicios y suspende el derecho de ambas a percibir dinero público.
Así, destacó que el alto tribunal afirma de forma expresa que ha sido ahora cuando ha existido base probatoria suficiente para actuar contra los dos partidos, y que en el auto sobre ANV dice además que los elementos "de especial significación" a tener en cuenta se pusieron de manifiesto "en los últimos meses de 2007 y enero de 2008".
Señala también el Supremo que la vinculación de ANV con Batasuna podía "intuirse con anterioridad", una expresión que, según recalcó el fiscal general, ha sido elegida con acierto por la Sala del 61 para trasladar la idea de que no se puede suspender un partido con una mera intuición, sino con base probatoria suficiente.
Conde-Pumpido explicó a los asistentes por qué la Fiscalía sólo impugnó algunas de las listas de ANV que se presentaron a los comicios locales y autonómicos de 2007. Se trataba de un partido ya inscrito y que en ese momento no incurría en los supuestos de ilegalización de la Ley de Partidos Políticos, por lo que la única vía posible era la impugnación de las candidaturas "infiltradas" por Batasuna, una decisión que fue respaldada después por el Supremo y el Tribunal Constitucional.
En este sentido, comentó que no se arrepiente de haber utilizado el pasado mes de mayo la expresión de "Guantánamo electoral" en alusión al interés de determinados grupos en aplicar la ilegalización prevista en la Ley de Partidos a la totalidad de la izquierda abertzale. Dijo que se trató de una expresión coloquial para explicar que no se puede apartar del proceso electoral a un grupo de ciudadanos por el hecho de que anuncien que van a votar a una formación (ANV) que en dicho momento era legal.
Tras los comicios locales, la Fiscalía comenzó a vigilar de cerca a ANV, insistió Conde-Pumpido, sobre todo tras la detención de miembros de la mesa de la ilegal Batasuna en Segura (Guipúzcoa). Pero fue el 3 de diciembre cuando se solicitaron los informes policiales definitivos, un día después de que ANV en Barakaldo (Vizcaya) rechazara condenar el asesinato de guardias civiles cometido por ETA dos días antes en Capbreton (Francia).
Dichos informes le fueron remitidos el pasado 22 a la Fiscalía, y una semana después ya estaban interpuestas las dos demandas de ilegalización en la Sala del 61 del Tribunal Supremo y las peticiones de suspensión de actividades ante el alto tribunal y Garzón. "Nos era suficiente una resolución, pero hemos obtenido el pleno, porque por las dos vías hemos impedido que se presenten a las elecciones", indicó Conde-Pumpido.
Preguntado por el hecho de que la Fiscalía retirara en su día la acusación contra el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el "caso Olaia Castresana" por un delito de enaltecimiento del terrorismo, el fiscal general destacó las dos condenas que ha recibido hasta ahora el ex líder de la formación ilegalizada precisamente a instancias del Ministerio Público: una por injurias al Rey, que ya es firme, y otra por enaltecimiento que aún falta confirmar por el Tribunal Supremo.
Dijo que la Fiscalía valorará su actuación sobre la más de media docena de causas pendientes que tiene el ex portavoz batasuno en la Audiencia Nacional, para acusar allí donde vea claro que habrá condena, porque "no tiene que mantener la acusación en todos los casos, ya que no está obligada a hacer en cada supuesto lo que mandan los medios de comunicación".
También se refirió Conde-Pumpido a la reciente reforma del Estatuto Fiscal, que permitirá que el próximo fiscal general del Estado sea "el único cargo de la democracia" nombrado con intervención de los tres poderes del Estado: le nombrará el Ejecutivo tras escuchar el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y deberá comparecer ante el Parlamento.
Conde-Pumpido eludió pronunciarse sobre los efectos que una previsible ilegalización del PCTV tendrá en el Parlamento Vasco, donde esta formación cuenta con grupo parlamentario, ya que no es "profeta" y no puede hablar de lo que va a ocurrir. En todo caso, dijo que no cree que llegue a plantearse "un choque institucional".
Conde-Pumpido eludió pronunciarse sobre los efectos que una previsible ilegalización del PCTV tendrá en el Parlamento Vasco, donde esta formación cuenta con grupo parlamentario, ya que no es "profeta" y no puede hablar de lo que va a ocurrir. En todo caso, dijo que no cree que llegue a plantearse "un choque institucional".
Tampoco se pronunció sobre las propuestas realizadas por el PP respecto a la reducción de la edad penal de los menores y la expulsión de los inmigrantes que delincan. "La Fiscalía se pronunciará cuando existan proyectos de ley, pero no puede hablar sobre promesas electorales", apuntó.
Finalmente, y preguntado si le gustaría ser ministro de Justicia, Conde-Pumpido respondió con un tajante no porque se siente muy bien en el "ámbito estricto del Poder Judicial", donde cuenta con "autonomía funcional", como dice la Ley. "Les puedo garantizar que en ningún caso seré ministro de Justicia, no hay nada más apasionante que ser fiscal general del Estado", apuntó.