L D (Pedro de Tena) El miércoles en el Parlamento andaluz, el PP pidió en la Diputación Permanente que se debatiera en un pleno extraordinario una proposición no de ley que aprobase instar al gobierno de la Nación a tramitar el expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona, minado, como ya se sabe, por la corrupción.
El PSOE votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo. Es un paso más en las maniobras del PSOE para favorecer que sea elegido un nuevo alcalde socialista en dicha localidad. que aprovechó la reunión para acusar de corrupción al PP a pesar de que es el alcalde y los concejales socialistas los que están imputados en Estepona.
Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.
Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.
Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso "Astapa" y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.
Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por "alusiones personales", a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.
El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que "nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta", mientras acusó al PSOE de "alargar" la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.
Gracia declinó intervenir porque "tienen muy poca vergüenza" en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el "insulto". La situación provocó que Coves la calificara de "escándalo impropio".
Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.
Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.
Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes.
El pleno del próximo día 15 de julio, miércoles que viene, promete expectación política. Actualmente, los siete ediles del PSOE, unidos a los dos del PA, uno de IU y otro de Estepona 2007, sumarían 11. Esto son dos menos de la mayoría absoluta, que está en 13 de un total de 25 ediles, aunque serán sólo 23 en el Pleno al estar en prisión dos concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.
Por su parte el PP se encuentra en la oposición con cinco munícipes. Con que tan sólo dos de los cuatro ediles socialistas expulsados (pero con su acta de concejal en el bolsillo) decidieran apoyar al concejal propuesto para suceder a Barrientos, lograrían los 13 votos necesarios para obtener una mayoría absoluta.
Pero si finalmente no hay acuerdo entre el PSOE y los expulsados y la primera votación se salda sin mayoría absoluta el nuevo alcalde o alcaldesa sería el número dos de la lista más votada. Esto equivaldría a que la expulsada Asunción López se convertiría en la nueva regidora.
Como ésta ya ha expresado que no tiene voluntad de serlo la lista iría corriendo y otro edil expulsado podría llegar a ser regidor. Tal es el caso de Francisco Zamorano.
Arrinconados y sin ninguna posibilidad de erigirse en candidatos a la Alcaldía quedan los tres concejales del sector crítico socialista, David Valadez, Cristina Alarcón y Carlos Rodríguez, a pesar de que los dos primeros fueron quienes denunciaron la presunta trama de corrupción municipal.
El PSOE ni siquiera contempla la posibilidad de convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación como le pide el PP porque temen, como ocurrió en Marbella, que el PP gane por mayoría absoluta.
Hace unos días el PSOE había impedido asimismo que Manuel Chaves compareciera en una sesión extraordinaria del Parlamento para analizar la situación de crisis económica y crecimiento del desempleo en Andalucía.
Como es habitual, el PSOE usó en su propio beneficio las normas parlamentarias. Tanto PP como IU mostraron a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, su malestar por no poder contar con un segundo turno para replicar las tesis de los socialistas para desestimar la celebración de este debate. Coves lo justificó en el reglamento.
Centrados en el caso de Estepona, el portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló las diferencias que existen entre los casos de corrupción de Marbella y esta ciudad, y señaló que la Ley de Régimen Local, que regula la disolución, no recoge los supuestos que se dan en este municipio.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, justificó la disolución por el número de concejales imputados en el caso "Astapa" y acusó al PSOE de no querer adoptar esta iniciativa por tener un «pacto oculto» con estos ediles, algo que fue considerado insidioso por el PSOE.
Gracia dijo reconocer una contradicción en la que incurre, en su opinión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, que se negó a disolver el Ayuntamiento de Marbella cuando era ministro de Administraciones Públicas para después reclamarla y acusar a la Junta de no controlar el urbanismo de la ciudad. Arenas reclamó a Coves intervenir por "alusiones personales", a lo que accedió la presidenta tras un tira y afloja verbal, lo que motivó que también pidiera la palabra el coordinador de IUCA, Diego Valderas.
El líder del PP-A reconoció que estuvo de acuerdo con la Junta en no disolver en Marbella porque los informes de su ministerio coincidían con los de esta administración. Lo que no fue óbice para que Arenas afirmara que "nunca he alabado los controles urbanísticos de la Junta", mientras acusó al PSOE de "alargar" la situación en Marbella para, a través de una gestora, tratar de ganar las elecciones.
Gracia declinó intervenir porque "tienen muy poca vergüenza" en referencia al PP, mientras que Arenas lo conminó a retirar el "insulto". La situación provocó que Coves la calificara de "escándalo impropio".
Al final, el portavoz socialista retiró sus palabras.
Hay que recordar que, ante la investigación policial y judicial que ha descubierto parte de la tostá en la que el PSOE está metido hasta el tuétano, como pasaba en Marbella, la obsesión del aparato socialista es ahora no perder el control institucional del Ayuntamiento para tener, al menos, un elemento de poder bajo su mando. Para ello, el PSOE está recurriendo a todo, incluso prometer no se sabe qué a los concejales expulsados para conservar su voto. La pregunta es por qué el PSOE, en lugar de promover la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones libres, se aferra a este tenebroso y oscuro proceso del que no podrá salir bien parado en ningún caso.
Decía ayer El Mundo que la actitud del PSOE se resume en que sus ediles y cargos locales están tratando de alcanzar un acuerdo verbal con los que hasta hace semanas eran sus compañeros de partido, y hoy imputados, para consensuar un nuevo alcalde socialista, que sustituirá al encarcelado Antonio Barrientos el próximo 15 de julio, fecha de celebración del pleno. Un pleno que va a suponer, ya estamos seguros, un escándalo político con pocos precedentes.
El pleno del próximo día 15 de julio, miércoles que viene, promete expectación política. Actualmente, los siete ediles del PSOE, unidos a los dos del PA, uno de IU y otro de Estepona 2007, sumarían 11. Esto son dos menos de la mayoría absoluta, que está en 13 de un total de 25 ediles, aunque serán sólo 23 en el Pleno al estar en prisión dos concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.
Por su parte el PP se encuentra en la oposición con cinco munícipes. Con que tan sólo dos de los cuatro ediles socialistas expulsados (pero con su acta de concejal en el bolsillo) decidieran apoyar al concejal propuesto para suceder a Barrientos, lograrían los 13 votos necesarios para obtener una mayoría absoluta.
Pero si finalmente no hay acuerdo entre el PSOE y los expulsados y la primera votación se salda sin mayoría absoluta el nuevo alcalde o alcaldesa sería el número dos de la lista más votada. Esto equivaldría a que la expulsada Asunción López se convertiría en la nueva regidora.
Como ésta ya ha expresado que no tiene voluntad de serlo la lista iría corriendo y otro edil expulsado podría llegar a ser regidor. Tal es el caso de Francisco Zamorano.
Arrinconados y sin ninguna posibilidad de erigirse en candidatos a la Alcaldía quedan los tres concejales del sector crítico socialista, David Valadez, Cristina Alarcón y Carlos Rodríguez, a pesar de que los dos primeros fueron quienes denunciaron la presunta trama de corrupción municipal.
El PSOE ni siquiera contempla la posibilidad de convocar elecciones libres y democráticas ante la gravedad de la situación como le pide el PP porque temen, como ocurrió en Marbella, que el PP gane por mayoría absoluta.