Después de 6 años de investigaciones, que han costado al contribuyente norteamericano 9 mil millones de pesetas y han dejado al matrimonio Clinton con deudas ciento de millones, el asunto Whitewater acaba sin evidencia suficiente para procesar a Bill o a Hillary Clinton por la quiebra de la inmobiliaria Whitewater en que ambos eran accionistas.
Para Hillary Clinton, que aspira a convertirse en senadora por el estado de Nueva York, ha de ser una buena noticia. Le permite, una vez más, señalar a sus enemigos políticos como autores de un complot para desacreditarla a ella, que llevaba los asuntos jurídicos de la inmobiliaria, y al presidente.
El investigador independiente Robert Ray, que asumió el caso dejado pendiente por su predecesor Kenneth Starr, concluyó sus investigaciones el año pasado y este miércoles presentó el informe sellado ante tres jueces federales, que lo pondrán a disposición del Congreso. Se hará público hasta dentro de tres meses.
Pero el escándalo Whitewater no queda totalmente cerrado. Si los Clinton ven evidencia del enseñamiento injustificado de sus enemigos, otros señalan que tan solo falta "evidencia suficiente de que violaron la ley de forma consciente", según las palabras de Ray, pero su inocencia no resplandece y la cuestión seguirá provocando debates durante toda esta campaña electoral.
Por otra parte, la "sub-investigacion" de las relaciones de Mónica Lewinsky con el presidente Clinton aún sigue, y Ray todavía no ha decidido si procesará por perjurio a Clinton después del 20 de enero, cuando traspase los poderes presidenciales.
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