Un antiguo principio de enjuiciamiento, recogido en el Derecho Romano, es el cui bono, es decir, indagar a quién beneficia el delito. Es este un principio carácter universal -que falla pocas veces si se aplica con un mínimo de sagacidad y conociendo un poco los hechos-, y es especialmente útil cuando los beneficiarios de una fechoría intentan disimularla con mantos de buenas intenciones, de altruismo o de interés público.
Los gobernantes de todas las épocas, hasta los más liberales, han sentido siempre recelo hacia la libertad de expresión, por lo que siempre han intentado controlar los medios por los que ésta se canalizaba, ya fuera directa o indirectamente; la expresión escrita ha tenido que sufrir la intromisión de la censura en casi todas las épocas, sobre todo a partir de la invención de la imprenta. Pero es en el siglo XX, con los medios de comunicación de masas y el nacimiento de la 'opinión pública', cuando este control se volvió más necesario para el gobernante, habida cuenta del uso sistemático de la mentira como arma política -la propaganda- inaugurado por Lenin y perfeccionado después por Stalin, la KOMINTERN y el régimen nazi. En Europa, la televisión única estatal era un fenómeno generalizado, y el propósito era claramente político, sobre todo en Italia, la nación más heterogénea políticamente, donde la RAI se dividió en tres canales, RAI1 para los demócrata-cristianos, RAI2 para los socialistas y RAI3 para los comunistas.
Acabó la Guerra Fría y se dio paso a la televisión privada, pero los gobernantes no han querido renunciar al arma de la propaganda financiada con cargo a los impuestos. El caso del PSOE en España es paradigmático, y no se entendería su permanencia en el poder durante 14 años si no hubiese controlado eficazmente los informativos de RTVE -algo que no supo hacer la UCD. Las televisiones públicas son instrumentos potenciales de propaganda política (la cuestión a veces no es tanto emplearlos activamente, sino evitar que caigan en manos del adversario), en otro caso, no tendría sentido que sus consejos de administración reproduzcan más o menos la relación de fuerzas políticas parlamentarias. Por eso la programación debe ser competitiva respecto de la que ofrecen las cadenas privadas. Si no, los informativos y los programas con contenido político no tendrían audiencia. Para ello, no se repara en gastos, y por eso el déficit de RTVE ha sido algunos años superior al presupuesto del Ministerio de Educación, a pesar de la competencia desleal por el pastel publicitario.
Algunos bienintencionados defienden la televisión pública como un instrumento para elevar el nivel cultural de las masas, abogan por "una televisión pública de calidad", financiada totalmente con impuestos para no incurrir en competencia desleal con las cadenas privadas en lo que a la publicidad se refiere, y que preste un servicio público (informativos, programas culturales, meteorología, etc). Pero esto no resuelve el problema de la politización potencial. Además, ¿quién juzga sobre la calidad de los contenidos? ¿los expertos? En tal caso, ¿por qué no dejar, por ejemplo, a los expertos en nutrición que nos orienten -sin que nosotros se lo hayamos solicitado- acerca de la composición de nuestras comidas y que cobren también del presupuesto?
Otros, con intenciones más prosaicas, defienden sus privilegios y sus estupendos sueldos (el caso de Telemadrid es paradigmático) con cargo al presupuesto, so capa de "velar por el interés público cultural". La verdad es que, por más que se busquen argumentos a favor de una televisión pública, no se encuentran, máxime cuando existe la alternativa de la televisión temática, que permite seleccionar los contenidos a medida de los gustos y necesidades del teleespectador por un precio muy razonable -hasta en los tejados de las chabolas pueden verse antenas de televisión vía satélite-, e Internet, donde se puede encontrar la oferta informativa y cultural más variada, ¡y gratis!
La televisión pública es un oneroso anacronismo que irá perdiendo poco a poco su eficacia como arma política, gracias a la revolución de las telecomunicaciones. Tal vez sea esta la razón por la que el Gobierno incluya al ente en la SEPI ... ¿quizá con la esperanza de disimular y enjugar la gigantesca deuda que arrastra, antes de proceder a su privatización? Ya veremos.
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