El temor al poder político y bancario de Repsol-Gas Natural ha sido el acicate definitivo para que los consejos de Endesa y de Iberdrola -el de esta en una decisión no unánime- acordaran su fusión.
Hace unos meses, la decisión del Gobierno de vetar la fusión de Unión Fenosa e Hidrocantabrico fue, quizás, una demostración de poder antes que el deseo de ordenar el mercado eléctrico para garantizar la competencia. Se argumentó que la reducía gravemente, aunque entre ambas compañías apenas suponían el 20% del mercado de generación y distribución, se dictaminó que debía haber al menos cuatro compañías de generación y que en el futuro no se permitiría ninguna concentración en la que el grupo resultante tuviera más del 50% del mercado -la cuota de Endesa. Aquella estrambótica decisión enfrenta ahora a ese mismo Gobierno a las consecuencias de su intervencionismo.
Todo este proceso, el de las fusiones y compras de compañías eléctricas españolas, está desencadenado por la progresiva integración económica internacional, que permite economías de escala significativas en las empresas de este sector. Ni Iberdrola ni Hidrocantabrico tienen tamaño suficiente para sobrevivir. Unión Fenosa puede, de momento, mantener su independencia, porque una parte considerable de su negocio no es la electricidad, sino las comunicaciones. Ahora, los consejos de Endesa e Iberdrola han manifestado que están dispuestos a cumplir la letra del condicionado del Gobierno para asegurar, en teoría, la competencia en el sector, para lo cual venderán capacidad de generación a terceros operadores, presumiblemente extranjeros.
La alternativa, la compra de Iberdrola por Gas Natural, “fusión entre iguales” en la terminología de Gas Natural -que, al parecer, cuenta con valedores dentro del gobierno- es, en principio, mucho más peligrosa para la competencia que la fusión entre Endesa e Iberdrola. Este es un juicio de valor de imposible contrastación, pero se apoya en el hecho de que Gas Natural sí es un monopolio -controla el 95% del mercado del gas- y en que por su propia naturaleza será difícil que tenga una competencia efectiva hasta dentro de muchos años.
Además, en este momento se están planteando inversiones masivas en plantas eléctricas de ciclo combinado -más de 16.000 megavatios en conjunto- , partiendo del gas, por lo que la compra de Iberdrola permitiría a Gas Natural consolidar su posición en este mercado -repito que, por el momento, monopolista- y tener una fortísima posición en el futuro en el mercado eléctrico, lo que sería muy positivo para los accionistas de Repsol, empresa a la que consolidaría como una de las grandes a nivel internacional.
¿Qué es más conveniente para la economía española? ¿Qué es más conveniente para los accionistas de las compañías respectivas? La primera pregunta no tiene respuesta y, en cualquier caso, el último que podría saberlo es el Gobierno. La segunda tienen que resolverla los consejos de administración y las juntas generales de las compañías implicadas en estos procesos.
Otro aspecto a destacar es el papel de los bancos, en particular del BBVA y de la BBK. Por no hablar de la Caixa y de Caja Madrid. Los representantes del BBVA y del BBK en el consejo de administración de Iberdrola han votado en contra de la fusión con Endesa -es de suponer que por puras razones económicas-, aunque la propia naturaleza de los bancos, los más prístinos representantes del monopolio legal en una economía de mercado, invalida sus argumentos en un sentido u otro. El monopolio de creación de dinero bancario, del que disfrutan, debería inhabilitarlos para actuar como inversores estables en empresas del resto de la economía.
Tenemos, pues, todos los ingredientes necesarios para la confusión. El Gobierno interviene directamente en lugar de hacerlo a través del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la CNMV. Los bancos, los monopolios por excelencia, actúan como accionistas de referencia en todas las compañías implicadas a través de sus representantes legales en los consejos de administración de estas compañías. Los propios consejeros de las compañías implicadas, que pueden verse obligados a optar, éticamente, entre la defensa de sus carreras profesionales y los intereses de los accionistas a los que tienen que representar. Y el hecho de que hay una competencia limitada en el mercado eléctrico y casi nula en el caso del gas.
La obligación de un Gobierno democrático en una economía de mercado es respetar los intereses de los accionistas, representados por sus consejos de administración. El Gobierno no tiene que decidir quién compite, ni cuántos lo hacen, ni a qué precios. El gobierno tiene que asegurar que cualquier nueva empresa que decida entrar a competir en cualquiera de estos mercados pueda hacerlo libremente. Y en los casos más complicados, en los que existen redes únicas de distribución a nivel nacional, como en el caso de la alta tensión, los gasoductos, o las vías férreas, tiene que asegurar que cualquier empresa puede optar a usar esas instalaciones singulares pagando el correspondiente precio. Al Gobierno compete la dificilísima tarea de la regulación y a los tribunales asegurar que no ha habido colusión entre los competidores en detrimento del interés de los consumidores.
¿Debería impedir el Gobierno la fusión Gas Natural-Iberdrola, en el caso de que los accionistas de ambas compañías la aprobaran? Para ser coherente con lo expuesto anteriormente tampoco debería hacerlo, aunque, en mi opinión, el riesgo de que Repsol-Gas Natural se convierta en una empresa con una posición de dominio inatacable en los mercados de combustibles y gas, es enorme, porque, en la práctica está siendo muy difícil lograr la presencia de otros competidores en estos mercados.
El caso de los bancos es más sencillo. Habría que prohibirles cualquier participación estable en cualquier empresa del sector no financiero. Ese es el precio que tienen que pagar por detentar el monopolio legal de creación de dinero bancario.
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