Cuando se trata de las víctimas del régimen nazi, octogenarias en su mayoría, recibir una compensación económica de carácter simbólico puede significar morir en paz con un pasado trágico. Un reconocimiento tardío, que no obsoleto.
El Parlamento federal alemán aprobó el pasado mes de agosto la creación de la Fundación “Memoria, Responsabilidad, Futuro”, cuya función es administrar la cantidad de 10.000 millones de marcos (unos 8 billones y medio de pesetas) a aportar a partes por el Gobierno federal, es decir, el contribuyente y la industria alemana para el pago de indemnizaciones a las víctimas del Tercer Reich. Además, la Iglesia Evangélica alemana también ha asegurado la cantidad de 10 millones de marcos ( unos 850 millones de pesetas), mientras la Católica ofrecerá su propio programa de indemnizaciones.
Está previsto que la Fundación abone hasta 15.000 marcos (1.276.000 pesetas aproximadamente) por víctima a 1.200.000 ex trabajadores forzosos, ex prisioneros de campos de concentración y ex deportados obligados durante el régimen nazi a trabajar en empresas públicas o privadas; bienes que pasaron a manos de empresarios alemanes. Y, por último, se reconocen igualmente los denominados “casos duros” de personas sometidas en su día a experimentos científicos nazis y cuya salud haya sufrido consecuencias.
A pesar de la buena voluntad de algunos, los pagos se retrasan. Faltan aún 1.700 millones de marcos por recaudar porque algunas empresas privadas se muestran reacias a contribuir, bien porque se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial o bien porque, a pesar de existir durante la contienda, nunca emplearon a trabajadores forzosos. No obstante, y teniendo en cuenta sus beneficios anuales, la clase política presiona apelando a su conciencia social.
Afortunadamente se acaba de superar otro de los obstáculos. En Estados Unidos, el juez William Bassler ha retirado una demanda colectiva de víctimas del régimen nacionalsocialista justificando la medida por la elevada edad de los demandantes. Los grandes empresarios alemanes temían que cuando se agoten los fondo s de fundación, las víctimas que saliesen con las manos vacías de la primera ronda de indemnizaciones pudiesen presentar nuevas demandas. Por ello, exigían como conditio sine qua non garantías legales que les eximiesen de nuevos pagos. Al menos de momento, esta amenaza proveniente de ultramar ha desaparecido.
A pesar de sus argumentos, los empresarios reticentes a pagar han sido objeto de una campaña de presión mediática que, sea ética o no, no está dando resultados. Un periódico (TAZ) y un programa de televisión (www.kontraste.de) han publicado recientemente una “lista negra” de empresas alemanas, con una facturación anual superior al billón de marcos, que no se solidarizan con la causa. Algunas han reaccionado rápido a la medida de vergüenza pública donando dinero, aunque posiblemente las indemnizaciones no se pagarán hasta febrero.
Ojalá el mayor número posible de víctimas de la barbarie nazi viva el tiempo suficiente para poder contar a sus descendientes que, aunque tarde y con una cantidad que no supera lo simbólico, finalmente se les hizo justicia.
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