Varias de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) han provocado confusión, malestar e incluso han puesto en riesgo la paz pública. Sus todavía pocas decisiones han sido gravemente inconsistentes entre sí. A veces usa criterios muy estrictos para interpretar la ley y otras veces los criterios han sido excesivamente laxos. Hay quienes afirman que su sola consistencia reside en juzgar siempre a favor del “poder”. ¿Qué es lo que realmente pasa?
Durante la campaña presidencial del año pasado, el TEPJF decidió –sin una base jurídica sólida– eliminar de las boletas electorales la fotografía del candidato de la Alianza por el Cambio, y cuando éste había cumplido con esa muy cuestionable decisión, le ordenaron también quitar la silueta. “¡Son marranadas!” dicen que exclamó el hoy presidente Fox. En cambio, cuando la oposición pidió que el Instituto Federal Electoral ordenara que el PRI eliminara de su emblema los colores patrios, el TEPJF decidió en contra, basado en un criterio estricto de interpretación legal. Contra la oposición, el tribunal utilizó criterios laxos y fue mas allá de la ley. Con el “poder”, fue estrictamente legalista y no se atrevió a ir mas allá. Sin embargo, ambas decisiones fueron acatadas por la alianza partidista que apoyaba a Vicente Fox.
Ahora, ese mismo órgano jurisdiccional vuelve a generar una peligrosa confusión con sus arbitrarias decisiones en asuntos electorales. Sin prudencia o consistencia alguna decide arrogarse facultades que no le corresponden por ley. En Tabasco decidió anular en el último minuto posible las elecciones de gobernador constitucional. No es difícil pensar –y quien piensa mal a veces acierta– que el tribunal de marras quería darle un madruguete político al gobernador Madrazo. Para eso se apodera de una competencia que no le corresponde y va mucho mas allá de lo que la Constitución y la ley electoral tabasqueña estipulan. Anula sin base jurídica alguna la elección de gobernador, pero sostiene los resultados de esas mismas elecciones para diputados y funcionarios municipales. La imprudente intervención del tribunal provocó un grave conflicto político en Tabasco que afortunadamente ha podido resolverse antes de que la sangre llegara al río, pero con un indudable costo para el gobierno federal.
En Yucatán el TEPJF volvió a las andadas. Todo comenzó cuando el congreso local ratificó a los integrantes del antiguo Consejo Estatal Electoral (CEE). El tribunal electoral decidió que esa acción no era legal y que la legislatura yucateca debía nombrar un nuevo CEE. El congreso designó a los miembros de un nuevo consejo electoral en una sesión, formalmente legal, pero probablemente ilegítima, ya que los 10 diputados de la oposición se habían retirado. Así, los diputados restantes,15 priístas, nombraron por unanimidad a los consejeros electorales. La ley señala que estos deben ser elegidos por las 4/5 partes de los diputados presentes. ¿20 como dice la oposición o tan sólo 12 como afirman los priístas?
La controversia llegó al tribunal federal y este decidió sin más en contra del PRI, ordenándole al Congreso yucateco que volviera a realizar la designación. En esta ocasión los diputados priístas decidieron ya no acatar esa decisión y ahora el TEPJF nombró –sin duda ilegalmente– sus propios consejeros para el Consejo Electoral del estado libre y soberano de Yucatán. Dos Consejos Electorales en Yucatán y antes dos gobernadores interinos en Tabasco. Esto produce una peligrosa confusión, dañinos conflictos entre las facciones y sin duda crecientes costos políticos para el gobierno federal. ¿Es esto lo que busca lograr el TEPJF?
Estas decisiones de los magistrados electorales, inconsistentes y sumamente arriesgadas, ponen en serios aprietos al gobierno de Fox –quien intenta cumplir tanto con su responsabilidad constitucional de aplicar la ley así como respetar estrictamente la soberanía estatal– y hacen peligrar el pacto federal mismo. No hay que menospreciar el riesgo del separatismo regional latente que bien puede renacer en las condiciones actuales de un mundo cada día mas globalizado.
El fondo del problema actual parece ser que los magistrados electorales creen que fueron nombrados para decidir los conflictos sobre la base de su visión particular de la justicia, de sus preferencias políticas y no aceptan que como jueces en un tribunal de derecho estricto sólo pueden decidir sobre esa limitada y estrechísima base. Ellos, al asumir una actitud de activismo jurídico, están rápidamente menoscabando la legitimidad de la institución misma y promoviendo un creciente desacato a sus decisiones. Creer que si por ser “soberanos” pueden dar golpe tras golpe legal sin consecuencias que lamentar es un grave error. El famoso juez Marshall de Estados Unidos mantenía que la única fuerza de la Corte Suprema es su credibilidad e imparcialidad. “La mujer de César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo”. Sin instituciones sujetas estrictamente a la ley, nunca podremos conquistar el futuro.
© AIPE
Roberto Blum es investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo AC de México.
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