Además de la crisis de la EEB, desde hace meses la opinión pública alemana rumia otro escándalo que no consigue digerir: la financiación ilegal de la CDU.
La semana pasada tuvo que tragarse dos platos fuertes: el cierre del sumario abierto contra el ex canciller Kohl por las cuentas secretas de su partido y la decisión del Tribunal Constitucional de Karlsruhe de no anular los resultados de las elecciones regionales de Hesse de 1999, que ganó la CDU, por considerar que la opacidad de la financiación de la campaña electoral de este partido no es argumento suficiente para repetir la convocatoria a las urnas.
Por partida doble y en sólo una semana, la CDU ha salido más o menos airosa de conflictos judiciales serios, a pesar de que el fraude fiscal continúa manchando su imagen.
El protagonista del capítulo de esta semana es el jefe de la CDU de Berlín y miembro de la directiva del banco Berlin Hyp, Landowsky. “Lando”, como se le conoce popularmente, es la figura clave en la concesión de un crédito de unos 700 millones de marcos a la empresa inmobiliaria berlinesa Aubis que, posteriormente, donó 40.000 marcos al partido. Un cobro que, como otras veces, no aparece en la declaración fiscal de la CDU.
Puestos a elegir y aconsejado por sus propios compañeros de partido, Landowsky ha decidido abandonar sus actividades bancarias para dedicarse íntegramente a la política. El affaire Landowsky también ha salpicado al actual alcalde de Berlin, Diepgen, y en él se ha centrado el debate parlamentario de este miércoles en el Bundestag.
Al margen de todo ello y tras meses de intenso debate, el ministro de Economía, Müller (independiente), y el de Trabajo, Riester (SPD), han logrado un consenso en el proyecto de reforma de la paradigmática Ley de Consejos de Empresa que regula la cogestión de los trabajadores con la patronal.
Una controvertida reforma que costará mucho dinero, más burocracia y que ha motivado una manifestación sin precedentes: 700 empresarios se concentraron este martes en las calles de Múnich en protesta por lo que consideran una acumulación desmesurada de poder de los empleados. ¿Cuánta democracia serán capaces de soportar las empresas ahora que tendrán que consultar con sus empleados cada paso de su estrategia de mercado?