Los ruinosos dinosaurios creados durante la carrera comunista por la industrialización, auténticos agujeros negros que tragan día tras día una importante cantidad de los escasos recursos de la sociedad, no están dispuestos a rendirse fácilmente. Como si once años de agonía no fueran suficientes, el gobierno rumano ha encontrado un modo nada imaginativo de enderezar las cosas. En palabras del primer ministro rumano Adrian Nastase, la orden de Ovidiu Musestescu, presidente de la recientemente creada Autoridad Privatizadora (el antiguo Fondo de Propiedad Estatal) “va a crear un entorno empresarial que sea hostil frente a las estratagemas.”
Como tal, el gobierno impone que el nuevo “dueño” continuará con la misma rama de actividad, hará las inversiones adicionales a las que se comprometa y cumplirá con sus obligaciones sociales (obediencia a los magníficos sindicatos incluida). El Estado por su parte se reservará una acción nominativa que le garantice el control sobre las actividades de investigación y desarrollo.
Si las autoridades nacionales conociesen algo de una teoría del capital y el interés que tiene ya más de un siglo de vida, sabrían que el valor de mercado presente de un bien de capital está compuesto por la suma de las rentas futuras previstas generadas por dicho bien, descontadas al tipo de interés. Y que dichas rentas previstas se ven afectadas por las restricciones al libre uso del referido bien. También sabrían que tener el derecho a decidir la clase de actividades de investigación que el dueño llevará a cabo, es prácticamente abolir su derecho de propiedad. Esto no es propiedad privada. Esto es socialismo.
Las ‘estratagemas’ que tratan de evitar son simplemente las especulaciones que reconduzcan los recursos hacia mejores fines. La consecuencia de esta medida será pues retrasar el momento de desembarazarse de estos ruinosos negocios con el fin “social” de mantener los puestos de trabajo. Con ello evitarán que éstos se dediquen a empleos potencialmente útiles, manteniendo a la ciudadanía en su secular situación de pobreza.
La orden sólo puede entenderse suponiendo que el gobierno trata de no vender sus gigantes deficitarios. Entonces sería interesante conocer cuales son sus motivos.
Tudor Smirna es economista.
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