"Voluntad permanente de dar a cada uno lo suyo". Esta era la idea de justicia que profesaban los antiguos romanos y que ha hecho posible el florecimiento y el progreso de la civilización occidental. En cambio, la idea de justicia de las mentalidades colectivistas podría resumirse en "Dar a cada uno lo mismo", o aún peor, "Dar a cada uno lo que necesite". De acuerdo con la idea romana de justicia, la distinción entre caridad y extorsión es meridiana: caridad es dar algo de lo propio a otro por libre voluntad y convicción; la extorsión es arrebatar algo de lo ajeno mediante la coacción o la violencia para servir a nuestros propios fines e intereses, ya sea en beneficio propio o de terceros.
En la concepción colectivista de la justicia es imposible distinguir entre caridad y extorsión. Para dar a cada uno lo mismo, independientemente de sus esfuerzos, sus aportaciones o su mérito, es preciso coaccionar a quienes más han ganado con su esfuerzo e ingenio para que otros con menos mérito personal puedan disfrutar de aquello que no han ganado. En la práctica equivale a esclavizar a los más productivos y frugales en beneficio de los más indolentes, incapaces y derrochadores. La situación no mejora si el producto de la extorsión se dedica única y exclusivamente a socorrer a aquellos que no pueden ganarse la vida por sus propios medios. Lo que podría ser un acto noble y meritorio –socorrer por propia voluntad y convicción a aquél que no puede valerse por sí mismo— queda ensuciado y envilecido cuando se hace bajo coacción. No aprovecha a quien recibe ni tampoco a quien da. El que lo recibe, cree que lo hace por derecho; y el que lo tiene que dar, queda reducido a la condición de esclavo.
Nadie en su sano juicio, si quiere seguir siendo persona y no cosa, podría tolerar voluntariamente un régimen en el que se premia la incapacidad y la indolencia y se castiga el esfuerzo y la productividad. Por eso se hace necesaria la coacción, ya sea moral o física, para mantener ese régimen. Si el ideal se lleva a sus últimas consecuencias, se precisa un régimen totalitario. Las consecuencias de estos planteamientos quedan claramente reflejadas en la historia del S. XX.
A Jesse James, el famoso bandido, le preguntaron una vez: "¿Por qué roba usted bancos?". A lo que James respondió "Porque es en los bancos donde está el dinero". Jesse James fue coherente en su respuesta. No negó su condición de ladrón, ni intentó justificarla con pretensiones morales. Además, arriesgaba su vida y empleaba sus propios medios cuando robaba un banco. Cuenta la tradición que Alejandro Magno preguntó a un pirata que había caído prisionero suyo "¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?". El pirata contestó: "Lo mismo que a ti el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador".
Las anteriores citas ilustran cuál es la sutil diferencia entre el ejercicio legítimo o ilegítimo de la coacción y de la violencia. Si el poder coactivo del Estado no se emplea exclusivamente para garantizar y restablecer a cada uno en el disfrute de lo suyo, por mucho que se revistan de majestad, de legitimidad democrática o de pretensiones caritativas o morales, los que ejercen ese poder en nada se diferencian de los vulgares ladrones y extorsionadores; independientemente de que sus fines sean el enriquecimiento personal o la atención a los menesterosos.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra declaró el 21 de febrero algo parecido a lo que respondió Jesse James: "Hay que sacar el dinero de aquel que lo tiene". Hoy lo ha puesto por obra. La Junta de Extremadura ha aprobado el pasado martes el nuevo impuesto sobre captación de depósitos bancarios (entre el 0,3 y el 0,6% de los depósitos ingresados en Extremadura). Con esta medida, Rodríguez Ibarra espera recaudar unos 5.000 millones de pesetas, a detraer de la cuenta de resultados de los bancos. Naturalmente, la medida tiene un fin social(ista): robar a los "ricos" para captar el voto de los "pobres".
El principio democrático, que legitima las instituciones y el poder del Estado, ha de tener un límite. Y una señal de que ese límite se ha traspasado la tenemos cuando, como Alejandro Magno, somos incapaces de ofrecer mejores razones que las del ladrón profesional.
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