Nada menos que 10 millones de marcos (unos 820 millones de pesetas) le costará al Gobierno regional de la Baja Sajonia organizar durante tres días albergue, manutención y traslado de los 15.000 policías encargados de proteger el traslado del convoy Castor con residuos radiactivos desde la planta de reciclaje francesa de La Hague hasta la de almacenamiento de Gorleben.
A ello se suma la campaña publicitaria de la policía destinada a despertar la empatía ciudadana. Con el eslogan “Protesta, sí; violencia, no” se intenta reducir el volumen de los activistas que protagonicen las sentadas colectivas de bloqueo.
El gasto no termina aquí. También se han instalado oficinas de información al ciudadano, un teléfono de información gratuito, una página web con un foro que ya registra más de 180.000 visitas y se han enviado a equipos de profesionales preparados para solventar situaciones conflictivas.
Entre pitos y flautas al Estado Federado de la Baja Sajonia le tocará sufragar un gasto de 20 millones de marcos (1,65 billones de pesetas) y en vista de lo que se le viene encima, a su primer ministro, Bartling (SPD), no le ha quedado más remedio que hacer un llamamiento a los demás länder y a la industria de energía atómica para que asuman una parte de los costes.
Y es que los precedentes del caso no son para menos: en 1997, durante el último transporte Castor a Gorleben, las cifras registradas fueron espectaculares: 9.000 opositores a la energía nuclear se movilizaron para protestar; 400 manifestantes y 88 policías resultaron heridos y se produjeron 56 detenciones y 861 denuncias (20 de ellas contra policías). Con 30.000 agentes en servicio fue el despliegue policial mayor y más caro de la historia de Alemania: 18 millones de marcos (casi un billón y medio de pesetas).
Súmenle a todo esto los costes de los desperfectos que causen los activistas, así como los daños materiales originados en varios atentados perpetrados la semana pasada: uno contra las oficinas de la compañía estatal de ferrocarriles federales, encargada de organizar el transporte, así como los desperfectos provocados en varios tramos de las vías ferroviarias.
No obstante, para el Gobierno rojiverde alemán los elevados costes de la operación no son motivo suficiente para buscar alternativas más rentables. El ministro de Medio Ambiente, Trittin, ha defendido la recuperación del material radiactivo alemán diciendo que no se le debe “colocar” la propia basura nuclear al país vecino.
El procesamiento de los residuos y su traslado de vuelta a Gorleben forma parte del acuerdo alcanzado con la industria el año pasado para lograr el cierre de la centrales atómicas, siempre que se respete un promedio de 32 años de funcionamiento. El único modo de reducir el gasto es, según la cúpula verde, conseguir que disminuya el volumen y la vehemencia de las protestas.