El Ministerio de Educación trabaja a marchas forzadas para tener lista antes del verano su prometida ley de calidad. Una norma que está siendo comentada, e incluso contestada, antes de que de ella se conozca algo más que ciertos rumores que saltan, de vez en cuando, a los medios de comunicación.
Aquellos que, de una u otra forma, participaron en la elaboración de la LOGSE gustan de llamar “contrarreforma ” al conjunto de medidas con las que Pilar del Castillo pretende poner remiendos a los destrozos que la última ley ha causado en nuestro sistema educativo.
No les falta razón al marcar distancias entre esa aún nonata ley de calidad y la que ha sido la gran aportación de los gobiernos felipistas a la historia de la educación española. La LOGSE no fue concebida como una ley de educación que viniera a resolver ciertos problemas del sistema escolar, sino que, según palabras de los propios socialistas, se trataba de llevar a cabo “una reforma macroeducativa de gran ambición”. Y, realmente, si dicha ambición consistía en poner patas arriba la educación española y dejar inservibles todas las instituciones que mejor o peor había ido cumpliendo hasta entonces la tarea de educar a los niños y de instruir y formar a la juventud, a fe mía que lo consiguieron.
En cuanto a esta otra tan modesta como difícil contrarreforma que quiere llevar a cabo la Ministra de Educación, dos parecen los aspectos que más disgustan a los sindicatos, la profesionalización de la función directiva de los centros y la formación de diferentes itinerarios antes de finalizar la ESO.
A pesar de que cada día resulta más difícil que un profesor quiera aceptar la responsabilidad de gobernar un centro de enseñanza pública, las fuerzas sindicales critican cualquier modificación del actual sistema de elección de director. Lo hacen porque aseguran que “politizaría los centros educativos”. Tiene gracia tal argumento cuando los socialistas, al darse cuenta de que una de las claves del éxito de la implantación de la LOGSE estaba en el apoyo incondicional de los directores de los centros escolares, decidieron que éstos, superados ciertos cursillos formativos, fueran elegidos no por el claustro de profesores sino por los más fácilmente manipulables consejos escolares.
En cuanto a esos llamados “itinerarios”, son unánimemente rechazados por la pedagogía progresista porque favorecen la discriminación, atentan contra el sagrado principio de la “comprensividad” y, como dice el secretario general de CCOO, Fernando Lezcano, porque “quedaría reservado el itinerario basura para los hijos de las familias humildes”.
Resulta indignante que se esgriman razones de justicia para boicotear cualquier intento de arreglo a una ley con la que, en nombre de la igualdad se ha cometido la mayor injusticia que podía imaginarse, la de impedir que el individuo nacido en un medio social desfavorecido tenga la oportunidad de recibir una buena educación y una sólida cultura, únicos medios que podrían proporcionarle el ascenso social.
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