Si la huelga convocada por el SEPLA tiene alguna virtud, es la de mostrarnos la verdadera naturaleza del movimiento sindical, desprovista de todos los eufemismos al uso: la coacción pura y simple.
La mejor defensa que tiene un trabajador ante unas condiciones de trabajo desfavorables es cambiar de empresa. Se dirá que no es fácil encontrar un puesto de trabajo, y cuando se encuentra es en condiciones precarias. Esto puede ser verdad en muchos casos, a causa de las leyes que regulan el mercado laboral y los impuestos que recaen sobre las nóminas (casi un 50% de los costes laborales, si incluimos las cuotas a la Seguridad Social). Si los sindicatos defendieran realmente los intereses de los trabajadores (empleados y parados), emplearían su poder en reclamar al gobierno rebajas impositivas para disminuir los costes laborales y favorecer la contratación de trabajadores, incrementándose de este modo sus salarios líquidos; y exigirían, por el mismo motivo, la eliminación de trabas a la contratación y al despido de trabajadores. Si uno ha de creer en la buena fe de los sindicatos, la única explicación que puede darse de su actitud es una crasa ignorancia de los más elementales principios de la ciencia económica.
Cualquier sindicalista mínimamente serio sabe perfectamente que no se debe matar la gallina de los huevos de oro. No se pueden plantear exigencias salariales abusivas a una empresa privada, que tiene que responder ante sus acreedores y sus accionistas de la gestión y de los dividendos obtenidos, y donde una mala gestión se paga con la quiebra, la liquidación o el despido de personal (la dirección de CCOO se ha expresado en este sentido en relación con el conflicto de Iberia). Ahora bien, si la empresa es pública, semipública o "parapública", no hay peligro de bancarrota: los resultados negativos se pueden cargar al contribuyente con total tranquilidad. Esta era la situación de Iberia hasta hace muy poco tiempo. Los pilotos, confiados en que el Estado, por motivos de imagen, no se expondría a dejar por un tiempo sus aviones en tierra, tenían la seguridad de que aceptaría sus condiciones, por abusivas que fueran. Al fin y al cabo, paga el contribuyente, al igual que sucede con Televisión Española o con las minas de carbón
asturianas.
Las reivindicaciones salariales de los pilotos de Iberia podrían comprenderse (aunque no justificarse) si sus ingresos fueran inferiores a los que reciben los pilotos de líneas aéreas del resto del mundo. Pero sucede exactamente lo contrario, están entre los mejor pagados del mundo. Su contribución a la seguridad de las aeronaves, antes capital y la principal razón de ser de sus altos sueldos, ha ido descendiendo paulatinamente, en la misma proporción que el desarrollo tecnológico del sector. Pero sus sueldos no han dejado de subir, siempre muy por encima del IPC.
Los responsables del SEPLA han cometido un tremendo error de cálculo, motivado seguramente por la inercia de tantos años acostumbrados a que sus estupendos sueldos los pague el contribuyente, utilice o no sus servicios. Si los responsables de Iberia aceptan sus exigencias salariales, la aerolínea puede entrar de nuevo en números rojos. Y esta vez papá Estado no pagará la factura... ¿o sí? Quizá sea esta la esperanza de los pilotos.
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