Una de las consecuencias que se extraen del análisis de los problemas ambientales, es que la mayor parte de las políticas son correctivas. Es decir, no se centran en la prevención de los problemas, sino en ponerles parches. En lugar de evitar la producción de millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos, lo que se hace es construir cada vez mayores instalaciones para almacenarlos (con los riesgos que ello entraña).Y eso teniendo en cuenta el escaso porcentaje de residuos que se denominan “controlados”, por que una buena parte escapa a todo control.
Y lo propio puede decirse de los dos asuntos que más han capitalizado la atención de los medios esta semana: el de los incendios (por lo acaecido en Cataluña) y el del agua (por la aprobación del PHN en el Senado). En ambos volvemos a encontrar el mismo problema. En España se destina sólo un 25% del dinero a prevenir los fuegos y el resto, la inmensa mayoría, a extinguirlos. Resultado: se está creando una economía ligada a la existencia de los fuegos. Una economía del bosque en llamas. Helicópteros, avionetas, retenes,…Todo un sector que depende de los fuegos, y que moviliza más de 100.000 millones de pesetas anuales.
Y no hablemos de la ingente cantidad de madera quemada que, a precios ventajosos, entra en el mercado. Un 75% de la madera quemada en España, se aprovecha por la industria papelera y maderera. Luego a invertir en repoblar zonas quemadas. Todo ello, cuando lo más correcto sería invertir más en prevención, generando empleo rural estable en las zonas forestales. De este modo se crearía un gran sector económico ligado a que los fuegos no se diesen.
Y como todo en esta sociedad es economía , mejor es crear el negocio de que el fuego no exista. Cuanto mayor sea este negocio mejor. Con estas inversiones en silvicultura se eliminaría el abandono que hay en más de un 85% de las masas forestales españolas, cosa también ligada al origen de muchos fuegos.
Otro tema que hay que mejorar es el de la investigación de los fuegos intencionados que son muchos y, con frecuencia, los más devastadores (por su buena planificación). Hay que investigar los intereses que parecen estar detrás. Y, por favor, no hablemos de “pirómanos” indiscriminadamente. Muy poquitos son locos. La inmensa mayoría sabe bien lo que hace y lo hace a plena conciencia. El término correcto es el de incendiarios.
Y ,al igual que con los incendios, donde parece que vivimos más del problema que de su solución, sucede con el agua. Esta semana el Senado aprobaba el PHN- en el que en lugar de poner coto al descontrol ,el despilfarro y la ilegalidad de muchas zonas de regadío, imponiendo criterios de racionalidad económica y ecológica, prefiere seguirse con una política de parches. Estos “parches” son determinadas obras hidráulicas –muchos embalses y trasvases- que en opinión de cientos de expertos como Ramón Llamas representan una especie de huida hacia delante, que eterniza la mala gestión del agua o , más correctamente, la práctica inexistencia de gestión del agua que hay en España.
El profesor Llamas ,-que, no lo olvidemos, fue el padre de la política de aguas del PP cuando este partido estaba en la oposición- habla de “subvenciones perversas” a beneficio de las constructoras que hacen embalses y otras obras que no serán amortizadas económicamente. Cree que esto va a revertir en el déficit público. Otra cuestión es la ecuanimidad que debería presidir las decisiones oficiales, cosa que parece estar en entredicho.
En el tema de los incendios Ricardo Vélez, máximo reponsable ministerial del tema, ha compaginado durante años su trabajo en la Administración con la Dirección Técnica de una asociación del sector maderero. Benigno Blanco, responsable cuando fué Secretario de Estado de Aguas, del PHN y defensor de enfoques trasvasistas (Jaume Matas tan sólo aplica lo que Blanco le dejó preparado), fue director de los servicios jurídicos de Iberdrola, empresa hidroeléctrica con intereses vinculados al trasvase del Ebro,a su paso por la cuenca del Júcar.
Son sólo dos ejemplos, pero ilustran de algo que, aunque sólo fuera por estética (por no hablar de ética) , habría que corregir. Parece que ya va siendo hora de abandonar la política de parches que tanto beneficia a algunos y adoptar una política de buena gestión y de prevención de los problemas, que beneficie a España. La economía del país requeriría que el dinero público se invirtiese con unos mínimos criterios de racionalidad y no en un círculo vicioso de parches que no remedian sino que agravan los problemas. Hay que enfocar los negocios hacia la solución de los problemas.
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