En otro artículo, publicado en el semanal de este periódico, comentaba que las únicas alternativas ortodoxas que le quedaban a Argentina para resolver su crisis de endeudamiento eran la subida de impuestos o la reducción del gasto público. La otra alternativa, la devaluación, implica ceder a las presiones de sindicatos y grupos de intereses, quienes desean evitar que la carga del ajuste recaiga sobre ellos. Las consecuencias serían el caos financiero, la inflación, el hundimiento del crédito argentino y, por tanto, la eliminación a medio plazo de las posibilidades de crecimiento futuro del país. Pero Argentina ya tiene una amarga experiencia en este terreno, y al menos de momento, el presidente Fernando de la Rúa se ha mostrado firme en su decisión de cortar de raíz el déficit público, ajustando el gasto a los ingresos. Los préstamos del Banco Mundial y del FMI le permitirán hacer frente a las deudas a corto plazo y evitar, de momento, el hundimiento definitivo de la moneda y el crédito.
Que el Gobierno argentino rectifique y haya decidido dar el primer paso por la senda de la ortodoxia financiera es una buena noticia. Sin embargo, esto no es suficiente. Si el Gobierno argentino no consigue concienciar a la ciudadanía de la imperiosa necesidad de apretarse el cinturón ni debilitar el enorme poder de los sindicatos, su plan de ajuste fracasará antes de ponerse en práctica, como sucedió con el de Ricardo López Murphy. La popularidad de Domingo Cavallo ha conseguido, de momento, que sus medidas --en esencia, las mismas que proponía López Murphy, sólo que un poco descafeinadas-- no sean rechazadas de plano por sindicatos ni grupos de presión. La reducción de sueldos de los funcionarios quizá haga más llevadera a la ciudadanía las privaciones derivadas del ajuste (el desempleo, la reducción de salarios y la reducción planeada de las pensiones por jubilación).
Pero los peronistas se oponen a la reducción del gasto público y exigen del gobierno medidas de reactivación de la economía (o sea, keynesianismo y más gasto público) sin tener en cuenta la convertibilidad del peso ni la gravísima situación financiera. Los radicales, aunque aceptan la necesidad del ajuste, no desean tocar el sueldo de los funcionarios ni las pensiones, y desean que el coste del ajuste recaiga sobre otros sectores (¿más impuestos especiales sobre el capital?).
Si el plan de ajuste no goza de la aceptación de las principales fuerzas políticas y sociales, está condenado al fracaso. Y por desgracia, en cuestiones financieras no hay terceras vías. Las deudas hay que pagarlas, y mientras que en la mayoría de los argentinos no cale esta verdad elemental, Argentina nunca ingresará en el Primer Mundo. Y el precio a pagar por ese ingreso es una temporada (no muy larga) de crecimiento cero, o incluso negativo, y de desempleo. Es el precio que tuvo que pagar España entre 1993-96 por los excesos financieros de los gobiernos socialistas y es la única vía posible para recuperar la senda del crecimiento.
La paciencia de los inversores extranjeros, del FMI y del Banco Mundial tiene un límite. Esperemos que de la Rúa y Cavallo sepan transmitir esto a sus conciudadanos.
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