Los economistas, cuando vemos una cola, sabemos inmediatamente que pasa una de estas dos cosas: que el precio de lo que se ofrece es demasiado bajo o que alguien prometió algo que no podrá cumplir.
La Seguridad Social entra dentro de la segunda categoría, es decir, se ha comprometido a facilitar unas prestaciones cuya demanda no puede atender, si no, no se entendería cómo la lista de espera para los quirófanos nunca desciende por debajo de las 120.000 personas, ni cómo es posible que para determinadas operaciones haya que esperar cuatro años. No será, ciertamente, por falta de medios, puesto que la Seguridad Social ordeña todos los meses el 30% de sus salarios a los trabajadores. Tampoco puede atribuirse a la falta de médicos, habiendo tantos en paro.
La respuesta a este enigma hay que buscarla, como siempre sucede en estos casos, en la escasísima productividad de todas las actividades o empresas que gestiona directamente el Estado. No es difícil darse cuenta de que en la mayoría de los seguros médicos privados no se presenta este problema, puesto que, en tal caso, perderían sus clientes. Ciertamente, habrá quien diga que sólo las personas con niveles de renta por encima de la media pueden permitirse el "lujo" de contratar un seguro médico privado. A quienes no alcancen esos niveles, el Estado debe ofrecerles una sanidad "gratuita" y de "calidad".
Sin embargo, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la Seguridad Social no es gratuita, y de que tampoco son precisamente los ricos quienes la pagan. Son los trabajadores, quienes además están obligados por la ley a pagar, al tiempo que los empresarios ejercen gratuitamente de recaudadores, también obligados por la ley. Olvidemos por una vez la envenenada mentira de que casi la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social la pagan los empresarios; siempre salen del esfuerzo del trabajador –ese 30% de masa salarial que recauda la Seguridad Social– pues en otro caso el empresario no le contrataría. Para que a un trabajador le quede un sueldo neto de unas 150.000 ptas. al mes (nada del otro mundo), debe producir casi por valor de 260.000 ptas., de las que la Seguridad Social se queda con unas 86.000. Imagínense ustedes qué seguro médico podría uno pagarse con 86.000 ptas. al mes, aun en el caso de que en ese seguro tuviera que incluirse una familia numerosa. Los de las entidades privadas cuestan bastante menos (unas 30.000 ptas. para una familia joven de cuatro miembros, incluida la asistencia dental) y ofrecen prestaciones similares, o a veces incluso superiores (mejores hospitales, por ejemplo).
Que el Estado tenga que garantizar a todo el mundo una asistencia sanitaria "gratuita" es algo muy discutible. Pero en cualquier caso, para garantizar esa asistencia no es necesario que sea un organismo del Estado el que se encargue de facilitarla, es más, resulta contraproducente. Bastaría con que el Estado pagase la cuota mensual (hasta un límite determinado) del seguro médico que el beneficiario eligiera, con el dinero que previamente le ha retenido. Todos nos ahorraríamos mucho dinero, y en el caso de que enfermáramos, muchas molestias y muchas listas de espera.
Algunos pensamos que sería más sencillo no confiscar dinero alguno al trabajador y dejar que él eligiera el seguro médico que más se ajustase a sus necesidades. Pero los políticos ya no podrían presentarse como "bienhechores filantrópicos" amigos de los más necesitados, ni podrían emplear la demagogia y el miedo en lo relativo a la asistencia sanitaria, tan rentable electoralmente. Mientras tanto, de una cosa sí podemos estar seguros, y es de que cuando la sanidad deje de funcionar, no se tomarán la molestia de examinar qué es lo que falla, sino que nos pedirán directamente más dinero, por una sanidad "digna" y de "calidad". Vamos, como en Cuba, donde hay recursos productivos que la sanidad no fagocita, ya que es preciso comer, cortar caña y salir a las manifestaciones en apoyo de Fidel.
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