El caso Gescartera ha sido un revulsivo para el Gobierno, que ahora está más dispuesto que nunca a dotar a España de un verdadero modelo eficaz de supervisión del sistema financiero. La última muestra es la elección de Blas Calzada para suceder a la dimitida-cesada Pilar Valiente en la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Calzada, actual director de Estudios de la Bolsa de Madrid, es un hombre de gran prestigio profesional y personal en el mundo financiero y un profundo conocedor del mismo. Precisamente por ello, su designación para el cargo, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, es la más adecuada entre todas las posibles. Por un lado, porque la CNMV necesita a su frente a alguien que entienda de verdad el complejo mundo de los mercados financieros. Por otro, porque el Gobierno, por fin, se ha dejado de experimentos. Primero fue elegir a una persona ajena a todo esto, Juan Fernández-Armesto, y el resultado fue un rosario de escándalos desde el primer día hasta el último; luego optó por alguien de la Administración, Pilar Valiente, y las consecuencias son de sobra conocidas. Ahora, en cambio, el Ejecutivo se ha decantado por una nominación racional. Sin duda, la institución lo agradecerá, puesto que se trata del primer paso para devolverle una credibilidad que ha perdido casi por completo como consecuencia de las actuaciones de sus anteriores dirigentes.
El nombramiento de Calzada, además, tiene una relevancia especial. Con él se descarta cualquier tipo de unificación de toda la supervisión del sistema financiero y bancario en una sóla entidad, posiblemente el Banco de España, una opción que el Gobierno barajó a finales de la pasada legislatura y principios de ésta. El mercado de valores, en consecuencia, seguirá teniendo su propio órgano de control, que ahora debe dar el do de pecho para demostrar que lo del pasado ha sido una excepción, no la norma. Esto es fundamental para que los ahorradores confíen en el mercado de valores y los agentes que participan directa e indirectamente en él.
La decisión del Gobierno, sin embargo, no ha gustado al PSOE, aunque sus críticas son más de carácter político que de otra cosa. Los socialistas, por ejemplo, dicen desconocer quién es Blas Calzada, cuando es un personaje muy conocido desde hace muchos años, incluso por ellos mismos, y tiene una trayectoria profesional impecable que le avala de sobra para ocupar el cargo que se le ha propuesto. El PSOE denuncia también que Calzada es un hombre cercano al vicepresidente económico, Rodrigo Rato. En principio, eso no tiene nada de malo mientras no se demuestre que dicha proximidad puede ser sinónimo de falta de independencia de la institución. Esta crítica de los socialistas, además, parece formar parte de una campaña de desgaste contra Rato, quien indudablemente tendrá que asumir buena parte de la responsabilidad política por el caso Gescartera.
Las actuaciones del Gobierno en este ámbito, sin embargo, no se agotan aquí. En principio, el Ministerio de Economía tiene previsto remitir este otoño al Congreso de los Diputados el proyecto de ley financiera del que viene hablando desde el pasado mes de marzo. Dicho texto incluirá una reforma en profundidad de los mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones de la CNMV, con el fin de evitar que vuelvan a producirse nuevos escándalos como el de Gescartera. Si en ese proyecto se incluye también la creación del tan necesario órgano supervisor de las compañías de seguros y planes de pensiones, para impedir que las aseguradoras sigan quebrando una detrás de otra como viene sucediendo desde principios de la década de los noventa, España tendrá el verdadero sistema de supervisión que sus mercados financieros necesitan.
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