El sábado se reunieron las fuerzas vivas de la izquierda pedagógica para estudiar su estrategia de ataque a la prevista Ley de Calidad de la Enseñanza. En su mayoría son sindicalistas de UGT y CCOO y constituyen la llamada Plataforma Estatal de Defensa de la Enseñanza Pública. Pues bien, se cerró la reunión con la elaboración de un manifiesto en el que, entre otras cosas, acusan a la ministra de Educación de malmeter a los ciudadanos haciéndoles creer que la actual situación del sistema público de enseñanza es un “desastre total”.
Pilar del Castillo ha tenido siempre un enorme cuidado en no “molestar” a quienes trajeron o apoyaron las reformas educativas de los últimos años. Tanto ella como el propio PP, cuando se refieren al sistema educativo, han hablado siempre del “logro social que la LOGSE ha supuesto para la educación”. Una declaración que, a pesar de resultar irritante para quienes sabemos que más que un logro lo que la LOGSE ha supuesto es un grave problema social, no ha satisfecho a los partidarios de esta ley. Éstos pretenden que el clamor popular que está pidiendo a la Administración urgentes reformas para resolver la actual situación de desmadre de nuestras escuelas públicas no es más que un “estado de opinión” creado intencionadamente por la derecha gobernante para destruir la enseñanza pública.
Esta Plataforma acaba de anunciar que movilizará de nuevo a profesores y estudiantes si la futura ley intenta anular los logros de la “comprensividad” con la apertura de itinerarios distintos antes de los 16 años y el fin de la promoción automática. Según la nota informativa que publicaba el domingo el diario ABC la susodicha Plataforma pide que se “abra un proceso de reflexión y debate que lleve a propuestas consensuadas que consagren principios como la atención a la diversidad y el compromiso de aumentar el gasto educativo público”.
Para poder juzgar la propuesta de estos fundamentalistas de la LOGSE es necesario saber que, para ellos, “atención a la diversidad” significa formar grupos de alumnos lo más heterogéneos posible y, dado que esta heterogeneidad entorpece el normal desarrollo de la clase, multiplicar el número de profesores dentro del aula tanto como la “diversidad” de los alumnos exija, llegando si fuera preciso a hacer realidad el sueño “rusoniano” de tener un educador por cada educando. Como, para ellos, cuando se trata de educar no se tiene que reparar en gastos, la solución es magnífica pues crea puestos de trabajo y aumenta ilimitadamente el gasto público.
En el citado manifiesto presentado por la Plataforma se dice que “las medidas anunciadas obligan a pensar que bajo la proclamada ley de Calidad se esconden otros intereses como son degradar el sistema público, favorecer y extender la enseñanza privada y volver a convertir la enseñanza en un elemento de selección social”
Cansa ya, y sobre todo aburre, esgrimir argumentos racionales ante principios tan doctrinarios, fundamentalistas y sobre todo tramposos. Dudo que haya uno sólo de los firmantes de ese manifiesto que de verdad se crea lo que dice. Pero si esta Plataforma “destructora” de la enseñanza pública va a convertirse en el interlocutor válido de la Administración, mejor sería no hacer nada, dejar que la enseñanza cayera por el precipicio al borde del que los socialistas la han colocado, proteger el erario público de pedagogos desaprensivos y confiar en que la propia sociedad, que en un sistema democrático nunca se suicida, encuentre soluciones alternativas para proteger a los futuros ciudadanos del analfabetismo total.
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