El conflicto entre Madrid y Barcelona por los impuestos de Terra ha quedado definitivamente zanjado en favor de la primera. Las dos ciudades discutían por los más de 33 millones de euros en concepto del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados generado por la fusión del portal de Internet de Telefónica con Lycos. La empresa que preside Joaquín Agut, que trasladó su sede a Barcelona, pagó allí los impuestos. Pero Madrid reclamaba ese dinero argumentando que la sede operativa de la compañía está en la capital de España. Y la Junta Arbitral le ha dado la razón a los madrileños porque se ha demostrado que el máximo órgano de dirección y administración de la sociedad se reúne en la Villa y Corte y no en la Ciudad Condal.
El caso de Terra, sin embargo, puede repetirse en el futuro con cualquier otra empresa que tenga su sede oficial en una comunidad autónoma, o la traslade allí, y su sede operativa en otra. Esta situación puede volver a darse porque, con el nuevo modelo de financiación autonómica, los gobiernos regionales tienen más capacidad que nunca para subir y bajar impuestos y, por tanto, pueden utilizar este margen para captar inversiones mediante la concesión de ventajas fiscales. Esto, sin duda, creará conflictos entre las distintas autonomías, como sucedió cuando el País Vasco aprobó las "vacaciones fiscales" que luego la Comisión Europea echó para atrás.
La raíz del problema reside en que el modelo de financiación autonómica no define con claridad qué impuestos se pagan en un sitio y cuáles en otro. Con los conciertos vasco y navarro, sin embargo, esto no sucede porque está perfectamente delimitado qué tiene que cobrar cada una de estas autonomías y qué es lo que no le corresponde ingresar en sus arcas. Sería buena idea, por tanto, que se arbitrara un sistema similar para las demás regiones porque evitará muchos conflictos. Y es que ahora que la corresponsabilidad fiscal es una realidad palpable, hay muchas probabilidades de que dentro de no mucho tiempo los distintos gobiernos regionales empiecen a competir entre sí por la instalación de empresas en los territorios que administran mediante los incentivos fiscales o, directamente, las bajadas de impuestos. Esto es bueno porque permitirá que se reduzca la presión fiscal y promoverá la competitividad empresarial y la creación de empleo. Pero sería mucho mejor si, además, las distintas comunidades autónomas no tienen que verse inmersas en disputas acerca de dónde tiene que tributar una compañía.
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