El presidente del Uruguay, Jorge Batlle, dio carácter de resolución gubernamental a la actuación de la Comisión para la Paz que designara en agosto de 2002. Se trata de las informaciones que realizara ese organismo oficial de derechos humanos tras dos años y medio de investigación. En consecuencia, desde el pasado 10 de abril de 2003, el Estado uruguayo reconoce de manera oficial que durante la dictadura sufrida se realizaron “graves violaciones a los derechos humanos”. El citado informe, que seguramente será respaldado por un decreto del gobierno, contiene las explicaciones sobre su metodología de trabajo, sus gastos de funcionamiento, el balance de sus resultados y varias sugerencias. De esta forma, la Comisión para la Paz, que integran representantes de todos los partidos políticos y preside el Arzobispo de Montevideo, ha concluido, según sus palabras, “un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde la década de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta”.
Veamos algunos detalles del mencionado informe rubricado por el presidente Batlle, quien decidió integrar esta Comisión para procurar un “estado del alma” en nuestra sociedad que permitiera, definitivamente, “sellar la paz para siempre entre los uruguayos”.
De los uruguayos desaparecidos en Uruguay, la Comisión para la Paz considera aclarados 26 casos; de ellos, tres se produjeron antes del golpe de Estado de 1973. La muerte de Elena Quinteros (secuestrada de la Embajada de Venezuela) se produjo como consecuencia de una ejecución. Los otros 25 casos fueron producto de torturas que excedieron la resistencia física de los detenidos. Los cuerpos de los desaparecidos fueron exhumados en unidades militares; luego fueron cremados o incinerados a finales del año 1984.
La mayor cantidad de uruguayos desaparecidos por razones políticas se concentró, sin embargo, en la Argentina: 154 casos confirmados. Consigna el informe que en los procedimientos, en estos casos, existió “distinto grado de coordinación y colaboración entre las fuerzas argentinas y uruguayas”. La Comisión para la Paz encontró los lugares de detención donde permanecieron los desaparecidos uruguayos en Buenos Aires; y, asimismo, aclaró dónde fueron sepultados 13 de los desaparecidos en el vecino país y, es más, llevó a cabo la repatriación al Uruguay de los restos de dos personas, existiendo un tercero en tramitación.
La Comisión encontró a la nieta del poeta Juan Gelman, desaparecida en Argentina. (Cabe señalar que en el despacho del presidente del Uruguay, el poeta argentino conoció a su nieta, luego el escritor se marchó de nuestro país sin haber retornado jamás). Y la comisión también persuadió a un jovencito para que se sometiera a un examen de AND, para determinar si era, como señalaban organizaciones de desaparecidos y su presunta madre, Simón Riquelo, el desaparecido más emblemático del Uruguay; el joven accedió finalmente a ello, pero no era la persona buscada.
La Comisión para la Paz extendió sus indagaciones a Chile y Paraguay, donde también se produjeron desapariciones de uruguayos en la década de 1970: siete en Chile y dos en Paraguay. Los dos desaparecidos en este país fueron llevados a la Argentina. También investigó en Bolivia la desaparición de un ciudadano uruguayo, cuyos restos la comisión encontró.
Cabe mencionar que, en todos los casos, cada familia de desaparecido recibió un informe particular con toda la información que la Comisión recabó sobre su familiar, pero estos documentos en ningún momento fueron divulgados públicamente.
La Comisión para la paz señala que recibió informaciones de partes militares y policiales a los efectos de su investigación. “Apeló –señala el informe– únicamente a su poder de persuasión, tratando de convencer a aquellos policías y militares para que aportaran en forma voluntaria la información a su alcance, al amparo del régimen de estricta reserva imperante en materia de fuentes informativas”. De todos modos, la comisión subrayó como una de las “dificultades principales” para su labor, “el largo tiempo transcurrido” desde las desapariciones hasta el inicio de estas investigaciones oficiales.
Entre las sugerencias, la comisión señala la creación de la figura jurídica “ausencia por desaparición forzada”, a fin de que ante imposibilidad de declarar muertos a los desparecidos, sus familiares puedan resolver igualmente problemas en materia civil, por ejemplo, derechos sucesorios. Y la revisión de normas legales vigentes que “eviten y repriman los excesos y los desvíos en que pueda incurrir el propio Estado y sus agentes”.
Organizaciones de izquierda radical mostraron, así como algunos militares, reparos por el trabajo de esta comisión, pero, al mismo tiempo, el grupo de familiares de desaparecidos, respaldó sus investigaciones. El presidente Batlle recibió en tres oportunidades a familiares de desaparecidos, en un hecho que ha sido valorado como histórico. Y, finalmente, fue quien impulsó estas investigaciones que ahora han concluido.
Ciertamente, mucho deben los ciudadanos uruguayos al trabajo ahincado, incansable y patriótico de esta Comisión para la Paz, que se embarcó en una invalorable aventura con total responsabilidad. Cabe esperar que, como se merece, su informe final, en favor del “estado del alma” y la ansiada reconciliación, sea altamente valorado.
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