No hay virtud en las leyes, a menos que ellas sean habilitadas y legitimadas por la ciudadanía. Los habitantes de Irak vivían bajo “el imperio de la ley” de Sadam Hussein, lo mismo que los alemanes bajo Hitler. Sólo el consentimiento de los gobernados aporta legitimidad a las leyes.
Francia, Alemania y Rusia se unieron a Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, proclamando que el mundo debe regirse por las leyes internacionales, administradas por la ONU. Bajo tales leyes internacionales, redactadas y administradas por los burócratas de la ONU, la gente no tiene la oportunidad de mostrar su consentimiento o rechazo y mucho menos exigir rendición cuentas a los funcionarios involucrados.
La gente expresa su consentimiento o rechazo eligiendo o no a sus representantes, quienes discuten y promulgan las leyes. Si la gente está en desacuerdo con esas leyes, procederán a elegir a otros para que deroguen leyes malas y opresivas.
En las Naciones Unidas, las leyes las redactan burócratas sin rostros y se adoptan por la votación de delegados nombrados a dedo, quienes jamás tendrán que rendirle cuentas a nadie sobre lo que aprueban. La gente queda arrinconada y sin recurso.
Por ejemplo, la gente que vive cerca del parque nacional Yellowstone está gobernada por las leyes internacionales, leyes a las cuales jamás dieron su consentimiento. El parque es una Reserva Biosférica de la ONU y un paraje Patrimonio Mundial de la ONU. El Senado de Estados Unidos ratificó sin debate alguno el Tratado de Patrimonio Mundial y no revisa los Lineamientos Operacionales de la Convención.
Cuando la UNESCO declaró que el parque estaba “en peligro”, se disparó automáticamente una “obligación internacional” para proteger al parque, inclusive más allá de sus linderos, lo cual resultó en pérdidas considerables para ciudadanos privados de la región, quienes jamás dieron su visto bueno a tales “leyes internacionales”.
Ni el Congreso ni ninguna legislatura estatal ha votado para aprobar ninguna de las 47 reservas biosféricas en Estados Unidos. La política administrativa que rige las millones de hectáreas de tales reservas es diseñada por comisiones de burócratas, ninguno electo. Para cumplir con sus “obligaciones internacionales”, Estados Unidos ajusta sus acciones para complacer los deseos de burócratas internacionales totalmente desconocidos por los ciudadanos afectados por tales políticas.
Esto es apenas una mínima muestra de lo que se nos viene encima si alguna vez vamos a ser gobernados por leyes internacionales. Documentos mastodontes, como las 1.140 páginas de la “Evaluación Global de Biodiversidad”, son muestras de lo que preparan para tratar de gobernar al mundo en el siglo XXI.
Para imponer las leyes internacionales al mundo entero, la ONU creó la Corte Criminal Internacional (CCI), la cual alega jurisdicción sobre todas las naciones, incluyendo aquellas que no ratificaron su carta constitutiva. Esa Corte fue presentada al mundo como el instrumento para enjuiciar “los crímenes contra la humanidad”, descritos como genocidio y crímenes de guerra. Estados Unidos no firmó.
Kofi Annan declaró que la acción militar en Irak sin la previa aprobación de la ONU no es legítima, tratando de exponer a altos funcionarios y a militares norteamericanos a ser juzgados por la CCI. Lo que le falta a la Corte es el apoyo de una fuerza armada que haga cumplir sus disposiciones.
El sistema legal internacional no es legítimo y nunca podrá serlo bajo un cuerpo promulgador de leyes establecido por las Naciones Unidas. Los norteamericanos jamás aceptaremos ser gobernados por leyes que no cuentan con nuestro expreso consentimiento, a través de nuestros propios representantes elegidos para ello. Nos mantendremos firmes contra esos intentos ilegítimos impulsados por los burócratas internacionales.
Herny Lamb es vicepresidente ejecutivo de la Environmental Conservation Organization.
© AIPE
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro