Nos cuentan ahora que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha querellado contra quienes, como era fácil de prever, utilizaron la manifestación batasuna del domingo para cometer delitos. La paradoja jurídica hace que, entre las instrucciones a la Policía Autónoma Vasca para identificar a los querellados, se incluya la identificación de quien solicitó el permiso, como si sus colegas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no hubieran tenido nada que ver en el asunto, o no hayan sido capaces de averiguar quién pedía permiso y quién estaba detrás.
Pero algunos de los que dieron vivas a ETA, quemaron la bandera de España y demás son, aunque pertenecientes a una banda ilegal, “aforados” por tener representación en el Parlamento Vasco. De que cometieron delitos no hay duda y parece que tampoco de que, por la condición citada, puedan ser procesados por tribunal distinto al Superior del País Vasco.
Veamos ahora si estos jueces reconocen, al menos, que metieron la pata, que su sumisión al ambiente nacionalista no puede estar por encima de la ley y si, a pesar de haber autorizado la manifestación en un auto indignante, inician ahora el procesamiento de quienes, amparados por esa decisión, se saltaron la legalidad como se saltan a diario el Estado de Derecho y los derechos mismos de los ciudadanos. Veamos.
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