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Hermógenes Pérez de Arce

La vuelta a la tortilla

La izquierda nunca cree que la tortilla pueda darse vuelta. Por eso, cuando está en el poder no respeta las leyes, como si nunca fuera a pagar por eso.

La izquierda nunca cree que la tortilla pueda darse vuelta. Por eso, cuando está en el poder no respeta las leyes, como si nunca fuera a pagar por eso. En 1973, todo parecía indicar que Allende, actuando así, se iba a salir con la suya. Los demócratas, siempre legalistas, no sabían qué hacer. La prepotencia de la Unión Popular era tal, que un día Luis Corvalán, el jefe comunista, ganó titulares advirtiendo a la oposición: “¡Si salen a la calle les vamos a sacar la cresta!”.
 
En esos años yo tenía un programa de radio donde formulaba a los chilenos, tal como hoy, saludables advertencias. Entonces previne a Corvalán que más le valía respetar los derechos constitucionales de los opositores, porque si algún día se daba vuelta la tortilla, alguien podría encontrar justificación en sus palabras para no respetárselos a él.
 
Si se enteró de mi advertencia es seguro que la valoró cuando, poco después, unos militares lo sacaron, sin miramientos ni orden legal, desde debajo del catre donde se había escondido.
 
En el Chile actual, la izquierda vuelve a las andadas y sus jueces han perpetrado un verdadero golpe de Estado judicial, desconociendo la Constitución y las leyes en numerosos procesos contra militares y, últimamente, contra un senador y un alcalde. Encarcelan ilegalmente a cuantos indican los abogados comunistas. En verdad, "les están sacando la cresta" a los que tuvieron algo que ver con la "Misión Cumplida". La mayoría de los políticos, gobernantes, abogados y periodistas mira para otro lado.
 
Esos jueces obran como si sus víctimas no tuvieran garantías constitucionales. ¿Y si se diera vuelta la tortilla? ¿No podría ocurrírsele a quien tome la sartén por el mango que esos jueces tampoco deberían gozar de garantías constitucionales? Claro, hoy no se ve por dónde podría darse vuelta. Pero en 1973 tampoco se veía. Cuando ese año el senador Francisco Bulnes convocó a su oficina a Enrique Ortúzar y a quien esto escribe, nos dijo que era preciso preparar un documento porque se había llegado a acuerdo con la Democracia Cristiana para llamar a los uniformados a poner término a la ilegalidad, fui escéptico. Pero Ortúzar redactó un excelente borrador, que Bulnes y otros, y luego Aylwin y otros, perfeccionaron hasta convertirlo en el acuerdo de la Cámara convocando a los militares.
 
Aun así, pocos creían que éstos actuarían, pues parecían apoyar a Allende e integraban sus gabinetes. Yo era diputado y un día me convidaron a almorzar en una empresa que estaba sufriendo los atropellos propios de la época, para preguntarme si había alguna esperanza. Les dije que no, porque no se podía contar con las leyes ni había fuerza para hacerlas respetar. Además, los civiles nuestros no tenían armas, mientras la Unión Popular contaba con un ejército clandestino y apoyo soviético y cubano. Entonces mis invitantes me relataron que Jaime Guzmán, días antes, había opinado lo mismo, sobre todo porque –afirmaba– aun si renunciaba el general Prats, muy afín a Allende, quien lo seguía en el mando, el general Pinochet, parecía pensar de igual manera.
 
Pero un dirigente empresarial aseguraba que en tales crisis siempre había un "caudillo enigmático", que aparecía para solucionarlas. Muchos nos reímos de él.
 
Bueno, pasó lo que pasó. Moraleja: cuando no parece haber posibilidad de que se dé vuelta la tortilla, a veces se da.
 
El camino de la legalidad suele incomodar a algunos, pero todos saben dónde comienza y dónde termina. El otro, el de la ilegalidad actual, todos saben dónde comienza, pero nadie dónde puede terminar.

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