El Consulado de España en La Habana no es capaz de tramitar los miles de expedientes de descendientes de españoles que pretenden se les reconozca como propia la nacionalidad de sus padres y abuelos. Se reciben 1500 llamadas diarias y cada mes se presentan 200 nuevas solicitudes. El Gobierno de España tiene la obligación moral de ayudar a los cubanos que le recuerdan que ellos también son españoles. No sólo necesitan que les exijan menos certificados, ruegan que se les tenga por lo que son, víctimas de un régimen que no les reconoce el más mínimo de los derechos humanos.
A mediados del siglo pasado, cientos de miles de españoles emigraron a Cuba huyendo de la miseria. La inmensa mayoría de ellos consiguió establecerse en la Isla. Muchos lograron progresar como jamás hubieran progresado aquí. Un amigo mío, cubano y disidente, me lo recuerda casi todos las semanas. En Madrid le costó Dios y ayuda que le concedieran la residencia a su hija. Sus padres y seis de sus tíos disfrutaron de mejor suerte en Cuba. Jamás nadie les consideró ajenos. Los españoles estamos en deuda con mi amigo. Aún le debemos seis residencias.
A pesar de que la inmensa mayoría de los más de dos millones de cubanos que han escapado de la prisión grande son descendientes de españoles, más del 60% de los que aún sufren la tiranía castrista son también hijos o nietos de gallegos, asturianos, canarios... Sus padres necesitaron de Cuba. Hoy son ellos los que necesitan de España. Sin embargo, la supuesta progresía que nos desgobierna no les reconoce su condición de víctimas de la peor de las barbaries. A los hijos de Castro o a sus cómplices jamás les niegan una visa, una cama en un buen hospital, una participación en alguna empresa o un asiento en el palco del Bernabéu. Cada poco disfrutan de nuestra hospitalidad los que no permiten a millones de cubano-españoles escapar de la Isla de los cien mil presos.
