¿Realmente queremos presidentes que firmen leyes que creen inconstitucionales?
Era un debate sobre la conducta de la administración Bush en la guerra contra el terrorismo. La discusión había derivado a la excesiva dependencia del presidente de "firmar declaraciones", interpretaciones por escrito del presidente Bush sobre leyes que ha firmado, convirtiéndolas en leyes que tiene la obligación de ejecutar, en las que con frecuencia incluye la afirmación de que una o varias secciones de la nueva ley son inconstitucionales y, por tanto, pueden ser ignoradas. Uno de los ponentes, un crítico de los agresivos esfuerzos de la administración desde el 11 de septiembre de 2001 por expandir el poder presidencial, despreció esa costumbre.
"Esta idea de que los presidentes de nuestro sistema de gobierno no tienen que cumplir las leyes promulgadas por el Congreso es completamente absurda – decía –. Si ese fuera el caso, si las leyes del Congreso fueran simplemente consultivas, ¿para qué existiría el veto?" Un presidente que desaprueba una ley debería decirlo en la argumentación de un veto; por esa razón la Constitución le confiere ese poder. La firma de cientos de declaraciones de Bush son "una abierta apropiación de poderes" que los americanos deberían encontrar intolerable. "Nos tendríamos que oponer firmemente a cualquier afirmación de que el presidente no tiene que cumplir leyes que ha aprobado el Congreso y que él ha convertido en ley."
Puede que esto le recuerda a la senadora Hillary Clinton, que denuncia "el esfuerzo de la administración Bush (...) por crear un ejecutivo más poderoso a expensas de los otros dos poderes del Estado y del pueblo norteamericano" y promete dejar de hacer uso de la firma de declaraciones si se convierte en presidenta.
Pero el orador no era Clinton; no era ni progre ni pertenecía al Partido Demócrata. Era el ex congresista por Georgia Bob Barr, un político de derechas sin complejos conocido por su importante papel en el intento de destituir a Bill Clinton en 1999. Defensor a ultranza del derecho a la intimidad y otras libertades civiles, Barr viene condenando desde hace tiempo lo que llama "la espantosa erosión" de las protecciones constitucionales bajo Bush. En un foro celebrado por la sede en Boston de la Sociedad Federalista, debatía con otro conservador: John Yoo, profesor de Derecho en la Universidad de California en Berkeley y ex funcionario del Departamento de Justicia, cuyo pensamiento tuvo una gran influencia en las reclamaciones de poderes presidenciales por parte de la administración tras el 11 de Septiembre.
En una viva ilustración del enfrentamiento ideológico que recorre a la derecha estos días, los dos acudieron para enfrentarse amistosamente con motivo del Programa de Vigilancia Terrorista, que permite a la Agencia Nacional de Seguridad interceptar sin necesidad de orden judicial llamadas y correos electrónicos hacia y desde Estados Unidos como parte del esfuerzo por derrotar a Al Qaeda.
Yoo reconoció que las escuchas parecen inconsistentes con el estatuto federal que normalmente exige una orden judicial emitida por el Tribunal de Supervisión de la Inteligencia Exterior antes de que semejante espionaje pueda tener lugar. Pero éstos no son tiempos corrientes, enfatizó. El propósito del Programa de Vigilancia Terrorista es "proteger la seguridad nacional en tiempo de guerra e históricamente no se han necesitado órdenes judiciales para espiar las comunicaciones electrónicas del enemigo en tiempo de guerra". Además, un presidente no está obligado a obedecer a ciegas todo acto del Congreso, especialmente si afecta a su autoridad constitucional como comandante en jefe.
Las operaciones de Inteligencia se encuentran claramente en el ámbito de esa autoridad, argumentó, y los presidentes vienen ordenando desde hace tiempo vigilancias electrónicas sin consideración alguna hacia las críticas judiciales o del Congreso. Mucho antes de Pearl Harbor, por ejemplo, el presidente Franklin Roosevelt "ordenó la vigilancia electrónica de toda comunicación en el país, al margen de si era internacional o no, de modo que el FBI pudiera intentar encontrar saboteadores nazis". La orden de Franklin Roosevelt fue mucho más allá de cualquier cosa que haya hecho Bush, y lo hizo "incluso si un veredicto del Tribunal Supremo y una ley federal en vigor en aquel momento prohibían la vigilancia electrónica de cualquier tipo sin una orden judicial". De hecho, las escuchas de Roosevelt continuaron incluso después de que los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado dejasen claro que el Congreso no aprobaría la legislación para autorizarlo.
Barr no cedió ni un milímetro. El argumento de Yoo, dijo, equivale a una afirmación de que las tres ramas del gobierno federal son iguales, pero que una de ellas es más igual que las otras; por ese camino se nos dirigimos a la pérdida de libertades. "¿Queremos vivir en una sociedad en la que en cualquier momento que descolguemos el teléfono y llamemos a alguien a ultramar podríamos tener al Gobierno escuchando? Ese es el problema fundamental: ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir?"
No, contestó Yoo, el problema es que nos encontramos ante un trade-off que la letal guerra de los terroristas contra nosotros ha hecho necesario. Por una parte, "sí, puedes perder tu expectativa de privacidad en las comunicaciones internacionales". "Pero eso es sólo un lado de la ecuación. El otro es: ¿estaría usted dispuesto a renunciar a esa pérdida de privacidad para estar mejor protegido de ataques terroristas?"
La idea de fondo, por supuesto, es que no hay idea de fondo. Los debates sobre los límites apropiados del poder federal, el respeto al que cada uno de los tres poderes tiene derecho y el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles vienen siendo un rasgo distintivo de Estados Unidos desde el principio. La lucha por el equilibrio político está incorporada en nuestra arquitectura democrática.
Estos debates comenzaron mucho antes de que llegase Bush y continuarán mucho después de que se vaya. Deberíamos celebrarlos como señales no sólo de nuestras disputas sino de nuestra fuerza: los norteamericanos debaten sobre libertades fundamentales porque son fundamentalmente libres.
