Por fin se está produciendo un cierto debate sobre el rescate federal. Es un hecho que nos debería reconfortar parcialmente después de una campaña donde sufrimos la oposición ciega de los congresistas republicanos, la cruzada impulsiva de John McCain contra "la codicia y la corrupción" y la defensa distante de Barack Obama de unos "principios" vacíos sobre el rescate que le permitió caer bien a todo el mundo.
Ahora se están aclarando las cosas. El caballo de batalla es el rescate de la industria automovilística. Los demócratas están luchando por sacarlo adelante; la Casa Blanca se resiste.
Ambas opciones políticas se basan en distintas posiciones filosóficas. La administración Bush considera que el rescate bancario de 700.000 millones de dólares es una medida de emergencia para salvar el sector financiero, ya que se entiende que las finanzas son un servicio público. Ningún Gobierno dejaría que las compañías eléctricas se hundieran y dejaran el país a oscuras. De la misma manera, el Gobierno debe salvar el sector financiero para evitar que el crédito se evapore y estrangule al resto de la economía.
El secretario del Tesoro Henry Paulson está dispuesto a ampliar el significado de "banco" extendiendo su protección a entidades tales como American Express. Pero fundamentalmente, concibe su labor como la de salvar instituciones de ahorro que gestionn dinero, y nada más.
Los demócratas tienen una perspectiva diferente: el Gobierno debe intervenir en sectores distintos al financiero para evitar el círculo vicioso de desempleo masivo que genera más impagos de hipotecas y provoca quiebras de empresas (debido a que el consumo se desploma) arrastrando a su vez a la quiebra de más empresas e instituciones financieras, produciendo mayor desempleo, etc. La letal espiral de los años 30.
Bush está intentando influir sobre el Libor o la diferencia de los tipos de interés de la deuda pública y el Libor (un indicador que mide el flujo de liquidez). La referencia de los demócratas es, por el contrario, la tasa de desempleo.
Con casi cinco millones de trabajadores mantenidos por la industria del automóvil, los demócratas reclaman un rescate federal. Pero los problemas de esta propuesta son obvios.
Primero, su carácter arbitrario. ¿Dónde nos detenemos? Una vez que hayamos abandonado el sector financiero, cada industria con problemas reclamará su parte de fondos públicos. ¿Cuáles son los criterios para decir que sí o que no?
Pues inevitablemente serán criterios políticos y arbitrarios. El dinero fluirá preferentemente a las industrias que tengan conexiones con el Capitolio y con la Casa Blanca. Pero, ¿no era esta precisamente el tipo de legislación a golpe de lobby contra la que se presentaba Obama?
En segundo lugar, estos rescates serían tremendamente ineficientes. Salvar el sector del automóvil significa evitar que quiebre. Como hemos visto con las líneas aéreas, la bancarrota puede permitir que las empresas prosigan sus operaciones al tiempo que se libran de obligaciones insostenibles. En el caso de Detroit, esto significaría cancelar los ruinosos acuerdos salariales (el precio de una hora de trabajo de un empleado de los tres grandes fabricantes automovilísticos estadounidenses es de 73 dólares; el de un trabajador estadounidense de Toyota de 48), los inasumibles compromisos de jubilación y las rígidas normas laborales.
La idea central del rescate demócrata es proteger a los sindicatos evitando este tipo de reestructuración. Pero esta política garantizará que estas compañías sigan fracasando, pero quemando en su via crucis decenas de miles de millones de dólares del contribuyente. Es lo último del socialismo limón.
Los demócratas están sugiriendo, sin embargo, un motivo aun más ambicioso para nacionalizar. Una vez que el Gobierno participe en las empresas del sector del automóvil, podrá rehacerlas. El eufemismo aquí es "reequipar" al sector para fabricar coches de cara a la próxima economía verde.
Los progres siempre han deseado que las compañías automovilísticas fabriquen el tipo de coches que ellos insisten que todo el mundo tendría que conducir: pequeños, ligeros, ecológicos y monos. Ahora tendrán el poder para hacerlo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno obligó a las compañías del automóvil a fabricar tanques. Ahora se las forzaría a producir híbridos. La diferencia es que, en mitad de una guerra mundial, los tanques tienen comprador. Pero, ¿y los híbridos? Uno de los motivos de que el sector atraviese tales dificultades es que los consumidores se han venido resistiendo a adquirir los vehículos más pequeños, menos seguros y menos potentes impuestos a la industria por los mandatos para reducir el consumo de combustible. Ahora el sector se vería obligado a fabricar incluso más coches de este tipo.
Si usted cree que ahora tenemos problemas económicos, considere los efectos que tendría nacionalizar una industria de este tamaño, que pasaría a estar bajo el control de burócratas que aprobarían planes quinquenales encaminados a cumplir estándares de eficiencia en el consumo de combustible que ellos mismos promulgarían.
El minimalismo republicano –salvar a las entidades de crédito– ciertamente se arriesga a no ser suficiente. Pero la deriva demócrata hacia la política industrial total amenaza con convertirse en el maximalismo de una economía centralmente dirigida.
En esta crisis, algunos han acordado suspender el funcionamiento de la mano invisible de Adam Smith, pero no deberían hacerlo para machacarnos con la pesada mano del Gobierno.