La llegada de la democracia no cambió la naturaleza totalitaria de ETA: tras 1978, la construcción de un Estado socialista euskaldún se haría forzando a la democracia constitucional a ponerse de rodillas y negociar su rendición. Este objetivo ha sido el mismo que Txeroki o Iriondo han seguido buscado treinta años después.
Al principio, ETA trató de doblegar salvajemente a la democracia, y buscó sentarla a negociar mediante los salvajes atentados de los años ochenta y noventa, "edad de oro" del coche bomba etarra. Pese al diálogo socialista, el GAL y la corrupción, el Estado aguantó y la caída de la cúpula etarra en Bidart (1992) mostró a ETA que podía ser derrotada policial y democráticamente. En 1996 se inició una nueva época caracterizada por la regeneración institucional y la firmeza en la lucha contra el totalitarismo etarra.
Con un PP firme en defensa del régimen constitucional, ETA buscó constituir y capitanear un frente nacionalista contra la democracia española. Esta nueva estrategia –Pacto de Lizarra– fracasó. Posteriormente, entre 2000 y 2004, la solidez estatal en defensa de la Constitución empezó a desarmar el entramado político-social etarra y puso a la banda contra las cuerdas. Nunca como hasta entonces los valores democráticos se habían mostrado tan fuertes y los principios antidemocráticos de la banda tan debilitados. Fue la época de mayor degradación operativa, política y moral de ETA.
Por fin, a partir de 2004, los terroristas aprovecharon la llegada al poder del PSOE para reformular su estrategia. Nuevas oportunidades se les abrían. El comportamiento del Gobierno respecto al Estatuto catalán y a las instituciones públicas mostró a la banda que Zapatero estaba dispuesto a dos cosas: destruir el régimen constitucional y pactar con los partidos revolucionarios nacionalistas más antidemocráticos. Entonces el mensaje de Batasuna al PSOE fue claro: ETA prefiere un Gobierno socialista sobre las cuatro provincias vascas –Navarra incluida– que uno del PNV sobre sólo tres. El camino hacia la pacificación vasca quedaría abierto si Zapatero imitaba el proceso de subversión constitucional de Cataluña de la mano del nacionalismo totalitario.
Esas son las dos exigencias que ETA formuló en 2006 y que volverá a realizar en el futuro al Gobierno socialista: avanzar hacia la anexión territorial vía órgano común permanente –ya pactado en 2007– con cada vez mayores atribuciones; y lograr un estatuto rupturista –ya anunciado por Zapatero y Patxi López– donde la izquierda proetarra se sintiese cómoda. Socialistas y terroristas estaban de acuerdo en ambos puntos; la diferencia es que ETA quería un proceso más rápido que el Gobierno. Después, reforzada económicamente y pertrechada de armamento, la banda se sintió en 2007 lo suficientemente fuerte como para exigir más rapidez a Zapatero, romper la tregua y comenzar a atentar de nuevo. Aquí nos encontramos hoy.
ETA se equivocó en el cálculo. Ya no está en condiciones de imponer al PSOE el ritmo rupturista que en 2007 motivó el fin de la tregua. Pero conviene no confundir la situación estratégica con la política: la pugna Gobierno-ETA no es la lucha entre la democracia y el totalitarismo, sino la batalla por controlar el ritmo del proceso de ruptura constitucional, que es algo bien distinto. Las detenciones de Iriondo y Azpiazu no cambian el origen del problema ante el que nos encontramos tras treinta años de democracia: Zapatero y el PSOE están dispuestos a sustituir el régimen democrático por uno en el que ETA se encuentre cómoda. Sólo que ahora ZP puede imponer su hoja de ruta a los matarifes etarras sin que estos puedan protestar.
ETA puede perder operativamente, pero vencer políticamente a la democracia española. Más débil que nunca, puede ganar, dejando de matar, lo que no ha logrado matando durante cincuenta años: el fin de la Constitución y su sustitución por un nuevo marco jurídico que progresivamente iría profundizando en la territorialidad, la independencia y el socialismo. Que es lo que, con cúpula detenida o no, sigue ofreciendo el Gobierno. Si ETA desaparece de esta forma, ella y Zapatero habrán ganado, pero el régimen constitucional-democrático habrá perdido. Y nada habrá merecido la pena.