La escena es en París. Miles de franceses se manifiestan ante el edificio de una de sus administraciones públicas. Muchos de ellos muestran en sus manos un extraño aparato, que aparece apagado, sin funcionar. No reclaman subidas de pensiones ni del salario mínimo, no piden el 0,7% del PIB para los países pobres, ni que deroguen el canon digital. Sólo piden que dejen a las empresas vender sus productos en libertad.
El aparatito en cuestión es el iPhone, de la empresa Apple, sobradamente conocido. Al parecer, Apple ha dejado de comercializarlo en Francia, junto al iPod y todos los productos de la marca. Y los franceses están indignados. Ya no podrán comprar, aunque lo deseen, los admirados dispositivos de la manzana. Y todo gracias a los que se dicen protectores del mercado y de la competencia.
Por supuesto, nada de lo anterior es real. Es sólo la creación de una imaginación calenturienta. ¿A quién se le puede ocurrir que unos ciudadanos salgan a la calle a defender a una empresa privada? Y encima en Francia, venga ya. Todos sabemos que las únicas manifestaciones relacionadas con las empresas son las huelgas para evitar la explotación de los trabajadores.
Y, sin embargo, quizá algún día llegue a pasar. Porque hay decisiones que son indignantes, y aún más porque se hacen en pretendida defensa del ciudadano-consumidor. Es el reciente caso de una resolución de la autoridad de competencia francesa, en la que se suprime de forma cautelar la exclusividad en la comercialización del iPhone que habían pactado libremente Orange y Apple.
¿Por qué se irrumpe de esta forma en el derecho de las partes a contratar? Pues no hay básicamente ninguna razón, ya que el propio análisis descarta la existencia de posición dominante en el mercado afectado. Lo único que queda claro es que Apple es una empresa de éxito, y que sus productos se venden como churros. Así que los funcionarios defensores del mercado deciden limitar la duración del acuerdo. Pues eso: que sean las autoridades administrativas las que nos fijen las duraciones de los contratos, las condiciones, los precios y, por qué no, con quién podemos contratar. Seguro que un funcionario sabe mejor que Apple y Orange cómo satisfacer las necesidades del consumidor francés, que lo único que buscaban era que todos los franceses que lo desearan tuvieran un iPhone.
La autoridad de competencia francesa se merece que Apple deje de vender sus productos en Francia. Pero no va a pasar, de momento. El día que ocurra tal vez la gente se dé cuenta de que son los emprendedores quienes realmente, de verdad, están interesados en satisfacer las necesidades de sus conciudadanos; y no los funcionarios que se dedican a ponerles palos en las ruedas.
Canten conmigo en anticipación: "APPLE, SÍ; CONSEIL DE LA CONCURRENCE, FUERA".