Tras el cierre de los tribunales en el mes de agosto, en septiembre se inicia cronológicamente un nuevo año judicial. Y digo cronológicamente porque no parece que vaya a traer nada realmente nuevo. Si acaso, un empeoramiento perceptible de los males que tradicionalmente aquejan a la Justicia.
Que la Justicia es lenta, ineficaz y funciona mal, resulta evidente para cualquier ciudadano, especialmente si ha tenido que acudir a ella. Los Jueces, desde luego, lo sabemos y por eso fuimos a la huelga del 18-F en un intento de hacer saber a los ciudadanos que no es nuestra la responsabilidad de la mayor parte del problema, y de hacer reaccionar a los políticos en cuyas manos exclusivamente está la posibilidad de dar soluciones eficaces. Siete meses después nada ha cambiado.
La ciudadanía se queja cuando sufre el sistema o con ocasión de algún caso mediático. Pero a la hora de votar y presionar a sus representantes, el problema de la Justicia ocupa un papel muy secundario. En general, siguen sin ser consciente de lo que se juega, la pérdida de la independencia judicial o el colapso de la Justicia, sin lo cual es ilusorio el Estado Democrático de Derecho. Y eso es algo que puede suceder de forma inminente, si es que no está sucediendo ya.
Los políticos saben que la cuestión de la Justicia es irrelevante para decidir una elección. Por tanto, no hacen nada más allá de declaraciones más o menos rimbombantes. Sus actuaciones adolecen siempre de una falta de conocimiento, la Justicia, por regla general, está en manos de políticos notoriamente incompetentes, de un claro déficit de apoyo presupuestario, el dinero va siempre a otros gastos más rentables políticamente, y de un fin inconfesable, controlar la Justicia para evitar ver estorbados sus propósitos o ser encausados. Sobre la Justicia se pacta cualquier cosa, con tal de despejar el camino a otros acuerdos de mayor relevancia política.
¿Qué quedó pendiente el año anterior? El principal problema es la falta de Jueces. Ninguna solución prevista. Ciertamente la necesidad de nuevos Jueces puede reducirse perceptiblemente con otras medidas. A ello contribuiría la sustitución de la estructura judicial propia del siglo XIX, por una más flexible y colegiada que permita distribuir mejor a los Jueces según las exigencias cambiantes propias del siglo XXI. Nada está previsto al respecto. También ayudarían medidas para reducir la litigiosidad, desincentivando demandas infundadas, restringiendo las acciones penales espurias o reduciendo el número de recursos judiciales motivados por actuaciones arbitrarias o erróneas de la Administración. Nada hay en marcha al respecto.
La nueva oficina judicial precisa un enorme esfuerzo presupuestario, que no está previsto hacer, requiere la coordinación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que de momento no existe, y se basa en el principio de quitar competencias a los Jueces, otorgando el control a funcionarios que dependen del Ejecutivo. Además, sin una reforma de la estructura judicial y un número suficiente de Jueces no servirá para nada, puesto que el atasco, más que en la tramitación se encuentra en los actos que requieren la intervención del Juez.
En cuanto a la informática, además de no estar resueltas la insuficiente dotación presupuestaria y la complicada coordinación entre Ministerio y Comunidades Autónomas, ¿de qué servirán esos ordenadores sin Jueces que celebren juicios y pongan sentencias?
Esto es lo que había el año pasado y lo que habrá el siguiente. Que nadie espere que los Jueces podamos cambiarlo. Seguiremos protestando, pero si los ciudadanos no valoran ni defienden su sistema judicial y reclaman su mejora efectiva, perderán definitivamente lo único que tienen para defender sus derechos cuando todo lo demás falla.
Artículo elaborado por Conrado Gallardo Correa es Magistrado y Presidente del Foro Judicial Independiente