El anuncio de la inclusión en el orden del día del próximo pleno del Tribunal Constitucional del borrador de sentencia elaborado por la magistrada Pérez Vera sobre los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco CCAA contra el Estatut de Cataluña –aprobado el 16 abril de 2006 por el 54 por ciento de los diputados del Congreso–, ha vuelto a disparar las descalificaciones y amenazas contra el tribunal desde las disciplinadas huestes del nacionalismo catalán. El Sr. Antich, director de La Vanguardia, asumiendo su papel "institucional" de vocero del nacionalismo ha calificado el hecho de "impúdica utilización por parte de los magistrados de uno y otro bando de lo votado en referéndum por el (49 %) del pueblo de Cataluña el 18 de junio de 2006".
No menos virulenta ha sido la reacción de los partidos políticos catalanes. El president de la Generalitat Montilla ha pedido "la máxima unidad a la clase política catalana para defender y mejorar el autogobierno". En un insólito alarde intelectual Montilla se atrevió incluso a afirmar que "no hay nación sin sociedad", cuando lo acertado en el caso de Cataluña sería decir que "no hay sociedad si hay nación". El Sr. Pujol (Oriol) advirtió que "habrá un antes y un después" y se remitió al itinerario marcado por su líder, el Sr. Mas, que propuso hace unos meses llamar a "consulta al pueblo de Cataluña para comprobar si acepta o no el Estatut eventualmente debilitado por el Constitucional". Duran i Lleida, líder de Unió, ha hecho gala de su moderación insustancial y se ha limitado a manifestar que no sería bueno para nadie una sentencia impuesta "con forceps"; pero la corriente interna El Matí de su partido ha apostado abiertamente por "un gobierno de unidad nacional" para alcanzar la plena soberanía e independencia de Cataluña en el marco de la Unión Europea", si el TC recorta el Estatut, posición casi indistinguible a la del Sr. Benach, president del Parlamento de Cataluña y líder de Esquerra Republicana.
No sé si por su carácter cínico o sádico, quiero destacar de entre todas estas declaraciones programáticas las del Sr. Puigcercós, secretario general de Esquerra Republicana, que en una entrevista manifestó que "si el Alto Tribunal retoca aspectos del texto como la equiparación de los derechos de los catalanohablantes a los de los castellanohablantes el Estatut quedará tocado de muerte definitivamente". ¿No habían caído en la cuenta los impulsores de los recursos que los ciudadanos que hablan catalán en Cataluña no pueden educarse en su lengua materna porque la lengua vehicular del sistema educativo catalán es el castellano? ¿Desconocían acaso esos perversos enemigos de Cataluña que en los concursos de acceso a la función pública en la Universidad de Barcelona se discrimina a los ciudadanos de habla catalana porque para concursar se les exige que presenten un certificado de nivel C de castellano? ¿No repararon quienes pergeñaron esas invectivas que el catalán es una lengua vetada en las televisiones y radios públicas de Cataluña y que el Estatut solamente aspira a que sea equiparada con el castellano la lengua habitual en esos medios?
Chusco, ¿verdad? Lo que el TC está dirimiendo estos días no es precisamente la "equiparación de los derechos de los catalanohablantes a los de los castellanohablantes" que el Estatut habría venido a garantizar, según la torcida interpretación del Sr. Puigcercós, sino todo lo contrario: poner coto a una norma concebida para eliminar el derecho constitucional de los catalanes que se expresan en castellano a educarse en su lengua, la que comparten con el resto de españoles; a acceder a la función pública sin ser discriminados; a utilizarla libremente en sus negocios y transacciones; a emplearla en los medios de comunicación públicos que sostienen con sus impuestos; y a que los impuestos estatales y los mecanismos que los revierten a las distintas comunidades autónomas sean los mismos para todos. El Estatut es el soporte jurídico de otras normas que lo desarrollan y precisan, transformando artículos en apariencia neutrales –"el Gobierno, las Universidades [...] han de adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos"– en verdaderos instrumentos de discriminación y opresión (exclusión del resto de los españoles que no tengan el nivel C de catalán). Con el desarrollo del Estatut, la Cataluña oficial y paraoficial que depende de los presupuestos de la Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos aspira a convertir la rica cultura que se manifiesta en castellano en Cataluña en un ghetto marginal y rigurosamente vigilado.
Pocas noticias llegan del TC pero que la ponencia se lleve al pleno en estos momentos sugiere que algo ha cambiado respecto a hace unos meses, cuando la presidenta, partidaria de "constitucionalizar" el Estatut, retiró la ponencia al constatar que el magistrado Reyes Aragón se mantenía firme en su posición de no avalarla. No afloje, magistrado, le pedía. Como advertía entonces, la sentencia no resolverá los múltiples problemas políticos, administrativos y sociales que van a generar los estatutos a la carta aprobados por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero con el apoyo de los nacionalistas (y del PP en varios casos), pero al menos servirá para establecer algunos límites a las pretensiones de los nacionalistas catalanes de gobernar Cataluña sin contar con el resto de las instituciones del Estado español y poner coto a las interpretaciones abusivas de los mismos en su posterior desarrollo legislativo. Un día u otro habrá que marcar una línea roja y cuanto antes se haga tanto mejor para Cataluña, España y la UE.
No es la primera vez que se plantea en España un conflicto de competencias de esta índole. En la Segunda República, un asunto menor, la Ley de Arrendamientos aprobada por el Parlament fue recusada por el Gobierno de la República con razones bien fundadas. Cuando el Sr. Hurtado, comisionado de la Generalitat para defender la ley ante el Tribunal de Garantías advirtió al presidente de la República "que veía difícil impedir la protesta vehemente de Cataluña si la sentencia del Tribunal de Garantías constituía un ataque a fondo contra el Estatut", éste le respondió: "pero tengan en cuenta que es mucho peor dar la sensación de que el Gobierno, sea el Estado o la Generalitat, no aceptan las sentencias de los tribunales más que cuando son favorables. Si eso ocurre, queda subvertido todo el ordenamiento jurídico del país".
Vale la pena recordar también las palabras que profirió el ilustre president Companys, cuando el comisionado le expuso la oferta del Gobierno de introducir algunos cambios menores en la Ley: "no puede ser. La ley se ha de volver a aprobar sin tocar ni un punto ni una coma". Palabras similares hemos oído estos días que deberían alertar a los miembros del TC de que la mayoría de los actuales políticos nacionalistas catalanes también prefieren subvertir el orden jurídico a aceptar algunos cambios para "constitucionalizar" un Estatut que vulnera derechos fundamentales y resulta, por ello, profundamente inconstitucional.