Terminado el plazo dado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para que las organizaciones que pertenecemos al Consejo Escolar del Estado declaremos si asumimos o no el contenido del texto de Pacto de Estado propuesto por el Ministerio, puedo adelantar que la Unión Democrática de Estudiantes no lo firmará.
Ignoremos por un instante toda la palabrería del texto en relación a la necesidad de medios, en cuanto a la importancia de las nuevas tecnologías, etc. La única medida digna de destacar que contiene el texto consiste en flexibilizar el último curso de la Educación Secundaria para que proporcione una alternativa, orientada a la formación profesional, al 30% de alumnos que con el rígido sistema actual acaban engrosando las cifras del fracaso escolar. Lógicamente, se trata de una mejora y, si esta medida se propone, nosotros la votaremos en el Consejo. Es más, lo incomprensible es que, tras veinte años de LOGSE y de generalización del fracaso escolar, los Gobiernos socialistas se hayan negado tan siquiera a corregir superficialmente este sistema. Ahora bien, se trata de un parche y, aunque se aprobase, seguiríamos ante un sistema rígido y absolutamente contrario a la meritocracia y a los estándares de calidad que le son exigibles.
Esta es la primera razón para no firmar el pacto; no cabe duda de que hacerlo supondría renunciar a cualquier reforma que vaya más allá de lo que contiene el texto y, dado que lo que contiene es un mero parche, firmarlo supondría perpetuar un sistema nefasto. Y perpetuar el sistema LOGSE, renunciar a que algún día un Gobierno distinto pueda cambiarlo, es un precio demasiado alto para lo que no deja de ser una reforma insuficiente, urgentemente necesaria, pero al fin y al cabo superficial. ¿Cree el ministro que es necesario aplicar las ligeras reformas que ha propuesto? Que las aplique, pero que no exija al resto del mundo que, gobierne quien gobierne, la reforma se acaba ahí. La auténtica reforma que necesitamos es un Bachillerato de cuatro años íntegros, con un nivel de exigencia comparable al que había antes de la reforma de los años 70. Un Bachillerato que proporcione una formación cultural, lingüística y científica suficientemente sólida como para que la Universidad pueda centrarse en la especialización, la investigación y la innovación.
La segunda razón se refiere a lo que no contiene el Pacto. En realidad, para flexibilizar el último curso de la ESO no hace falta un Pacto de Estado, es una medida que si se presenta mañana problablemente contará con el respaldo del P en las Cortes. Sin embargo, para lo que sí haría falta un gran Pacto de Estado entre los dos partidos nacionales es para solucionar el otro gran problema de nuestro sistema educativo. Así, junto al ‘agujero negro’ de fracaso escolar que es la ESO y los pobres conocimientos al final del Bachillerato, el otro gran problema es la fragmentación del sistema educativo español en diecisiete sistemas educativos autonómicos y con vocación regionalista. El problema no es ya la absurda imposición de las lenguas regionales como únicas lenguas de enseñanza, sino la regionalización de los programas de estudio y, en fin, de todo el sistema educativo. Y no sólo allí donde gobiernan los partidos regionalistas.
Para lo que sí hubiese sido necesario un pacto entre el PP y el PSOE es para que el Estado, cuyo papel es hoy absolutamente marginal en todo lo que tenga que ver con la educación, haga cumplir la legalidad, garantice un tronco común en el sistema educativo y recupere un margen de competencias que le permita al menos romper el monopolio de las autonomías y abrir o autorizar colegios estatales, que no dependan de las diecisiete comunidades autónomas y que puedan enseñar en español y en otras lenguas internacionales unos temarios nacionales, así como transmitir competencias mínimamente comparables con nuestro entorno europeo. Estas fueron, en síntesis, las propuestas que hicimos llegar –infructuosamente– al Ministerio.
Tras la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas, son éstas las que disponen de todo el presupuesto, de todos los centros públicos y de todos los profesores funcionarios; los temarios los aprueba la comunidad autónoma, y también ésta concede –o no– los conciertos a los colegios privados, lleva la inspección, etc. Incluso la Selectividad es autonómica, consecuencia lógica de que los temarios lo sean. Una cosa es mejorar la gestión descentralizando el sistema, o permitir que las autonomías ofrezcan escolarización en lenguas cooficiales para quien lo demande, y otra el suicidio que supone para el Estado retirarse por completo y ceder todo lo que tenga que ver con lo que se enseña, cómo se enseña y quién lo enseña, a las clases políticas autonómicas. Y los principales perjudicados son los ciudadanos, privados de un sistema estatal de instrucción pública y condenados a que sus hijos estudien en un marco exclusivamente regionalista.
Es para ello para lo que haría falta un pacto entre el PSOE y el PP, si no para recuperar totalmente las competencias en educación al menos sí para reactivar la Inspección del Estado, reforzar los contenidos estatales, garantizar la enseñanza en castellano y romper el monopolio autonómico. Sólo un pacto así merecería denominarse Pacto de Estado; lo que ha presentado el Gobierno son tan sólo algunos parches envueltos en grandes dosis de propaganda.