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Antonio Robles

Las subvenciones no están en crisis

La actual ley electoral perpetúa un injusto reparto de escaños que ni el PP ni el PSOE quieren modificar porque les permite el control del sistema. Ahora las subvenciones les hacen la vida política más agradable, pero sobre todo se la aseguran.

No muchos ciudadanos saben que parte de las campañas electorales de los partidos políticos los paga el gobierno de turno. Y como estamos en tiempo de crisis, el de la Generalitat de Cataluña ha decidido incrementar en un 9,8% las subvenciones a fondo perdido respecto a las últimas elecciones autonómicas. Total, una bagatela que asciende a un total de 26 millones de euros. En ellos se incluyen la subvención a los partidos, los gastos del operativo de las elecciones y la promoción publicitaria de la participación (¡como si la abstención no fuera tan legítima como el voto!).

A decir verdad, debe de ser muy difícil entender para un pensionista o para un funcionario que el Gobierno les haya bajado la pensión o el sueldo un 5%, al mismo tiempo que se incrementan un 9,8% las subvenciones a los partidos para llevar hasta el extremo el derroche en campañas electorales llenas de promesas vanas. La cesta de la compra, la hipoteca o los libros de principio de curso, frente a las fotografías de Photoshop y los escenarios plagados de carteles fungibles. Una opción difícil de entender e imposible de metabolizar por quienes carecen de trabajo o teniéndolo temen perderlo. Y encima el conseller de Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, de ERC, se atreve a decir que en realidad han disminuido dos millones del presupuesto de 28 millones que tenían previsto gastar antes de la crisis.

La cuantía de las subvenciones a los partidos depende del resultado electoral que obtengan. Pero todo está montado para sostener el statu quo. Los partidos recibirán un 30% de la subvención como anticipo y, en función de los resultados, se ajustan cuentas después de las elecciones. Así, CiU recibirá, anticipadamente, 765.000 euros; el PSC, 671.000 euros; ERC, 506.000; PP, 447.000; ICV-EUiA, 429.000 y Ciudadanos, 33.000 euros. Como ven, sólo obtendrán la subvención los partidos que ya tienen representación parlamentaria. El resto, que se zurzan.

En total, cada partido recibirá 20.127 euros por escaño obtenido y 0,76 por sufragio. Además, si logran formar grupo parlamentario, recibirán 0,21 euros por votante en cada una de las circunscripciones electorales. Tras las elecciones de 2006, CiU recibió 2,5 millones de euros; el PSC, 2,2 millones; ERC, 1,7 millones; el PP, 1,5 millones; ICV-EUiA, 1,4 millones y C’s, 110.000 euros.

Y por si no tenían bastante, también se reservan en exclusiva los espacios electorales de radios y televisiones públicas. Un privilegio amurallado por el sistema que hace casi imposible que nuevos partidos compitan por el éxito electoral. Para justificar la engañifa, el resto de opciones sin representación se amontonan en un mondongo de siglas a horas intempestivas, donde el arco y las flechas de un partido falangista se confunde con el arco iris de cualquier partido ecologista.

La actual ley electoral perpetúa un injusto reparto de escaños que ni el PP ni el PSOE quieren modificar porque les permite el control del sistema. Ahora las subvenciones les hacen la vida política más agradable, pero sobre todo se la aseguran.

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