Los sindicatos, como las Naciones Unidas, son juzgados muy a menudo en función de lo que se supone que son, no en función de lo que son realmente ni de lo que hacen realmente.
Mucha gente, que no se fija en la realidad más allá de la imagen o la retórica, sigue pensando en los sindicatos como defensores de la clase obrera frente a los patronos. Y los sindicalistas siguen empleando esa clase de retórica. Sin embargo, alguien dijo una vez: "Cuando hablo me pongo una máscara, pero me la tengo que quitar cuando actúo".
Esa máscara viene desprendiéndose cada vez más, sobre todo con la administración Obama, y lo que revela debajo es muy desagradable, muy cínico y muy peligroso.
Primero vino la grotescamente bautizada Ley de Libertad de Elección del Trabajador que la administración intentó sacar adelante en el Congreso. Lo que habría destruido era justamente lo que decía promover: la libertad de elección del trabajador en cuanto a si quería o no afiliarse a un sindicato.
Desde la Ley Nacional de Relaciones con el Trabajador de 1935, el trabajador es capaz de expresar su voluntad a la hora de afiliarse o no a un sindicato dentro de unos comicios que se celebran a nivel federal con voto secreto.
A medida que los trabajadores del sector privado, con los años, han votado cada vez más en contra de afiliarse a los sindicatos, los sindicalistas han buscado la forma de reemplazar el voto secreto con el voto afirmado –un voto que se firma en presencia de sindicalistas y bajo las presiones, el hostigamiento o la amenaza implícita de esos sindicalistas–.
Ahora que la administración Obama ha nombrado una mayoría de integrantes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la cúpula ha impuesto nuevos requisitos que obligan a que los empresarios faciliten a los sindicalistas los nombres y las direcciones de cada trabajador. Los trabajadores tampoco tienen derecho a negarse a que sus datos sean facilitados a los sindicalistas, según el reglamento de la Junta.
En otras palabras, los sindicalistas tendrán ahora la obligación legal de presionar, hostigar o intimidar al trabajador en el lugar de trabajo o en su propia casa, para obligarles a afiliarse al sindicato. Entre las consecuencias de no firmar el voto se encuentra la represalia sindical en el lugar de trabajo si el sindicato gana los comicios. Pero la amenaza física o las acciones no se dejan en absoluto de contemplar, como ha descubierto mucha gente que se ha puesto en el camino de los sindicatos.
Los trabajadores que no quieran afiliarse a un sindicato tendrán que decidir de ahora en adelante la humillación que están dispuestos a soportar, ellos y sus familias, si no ceden.
En el pasado, los sindicatos tenían que convencer a los trabajadores de que les interesaba afiliarse al sindicato. En tanto, los empresarios tenían que convencer a los mismos trabajadores de que les interesaba votar en contra de afiliarse.
En cuanto los sindicatos empezaron a perder esos comicios, decidieron cambiar las reglas. Y después de que Barack Obama fuera elegido presidente de los Estados Unidos, con considerable apoyo económico de los sindicatos, el reglamento fue cambiado realmente por la Junta Laboral de Obama.
Por si el resultado de "la libre decisión" del trabajador no fuera una conclusión lo bastante cantada, el margen de tiempo entre el anuncio de las elecciones y los propios comicios ha sido abreviado por la Junta Laboral.
En otras palabras, el sindicato puede emplear meses, o el margen de tiempo que le dé la gana, para preparar e implantar de antemano una campaña de captación, y anunciar de pronto un plazo para decidir si afiliarse o no al sindicato. Los sindicalistas pueden iniciar su campaña con todos los medios antes de que el empresario tenga tiempo de organizar una réplica comparable o de que los trabajadores tengan tiempo para reflexionar su decisión mientras son presionados.
Lo último implicado en este proceso es la voluntad del trabajador. Lo primero de lo que se trata es de escoger a un grupo de sindicalistas, cuyas cuotas aporten una suma considerable de dinero a ser gastado al capricho de los responsables sindicales, para proporcionar a esos jefes tanto poder político como privilegios personales, en función de su capacidad de elegir y decidir dónde realizar las aportaciones de los miembros del sindicato.
Las elecciones sindicales no se repiten como el resto de los comicios. Son más bien elecciones tercermundistas: "Un voto, un trabajador, una vez". Y que sea homologado un sindicato que no está homologado es una carrera de obstáculos.
Pero mientras tanta gente se niegue a ver a los sindicatos tal como son, o a la administración Obama tal como es, este proceso cínico y corrupto podrá prolongarse.
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