Las Conferencias de Presidentes revelan hasta qué punto la clase política se ha distanciado de los ciudadanos. A ellas acuden los presidentes de las comunidades autónomas para hablar de lo suyo, defender su cuota de poder, sus intereses políticos. Y lo mismo cabe decir de los representantes del Gobierno de la Nación.
El objeto de la reunión que se ha celebrado este martes no era otro que el reparto del ajuste presupuestario que hay que llevar a cabo en 2013. ¿Y con qué espíritu acudieron a la misma los líderes regionales? Por supuesto, no con el de decir: "Vamos a acabar de una vez por todas con el despilfarro autonómico para poder sanear las cuentas públicas y salir cuanto antes de la crisis". No, qué va. Cada uno fue a ver de qué forma reducía la carga que le tocara a su comunidad. Lo que les importa es, por un lado, no tener que asumir el coste político de ciertos recortes y, por otro, conservar los mecanismos para mantener el clientelismo político, el enchufismo y, por qué no, toda esa red de empresas públicas y contratos de la que se benefician sus familiares, amigos, correligionarios y allegados. No nos llamemos a engaño: lo que los presidentes autonómicos defienden no es el interés de los catalanes, los andaluces o los valencianos, sino los intereses particulares del clan en el poder en Cataluña, Andalucía o Valencia.
Con el Gobierno ocurre tres cuartos de lo mismo. El Ejecutivo se niega a abordar de una vez por todas la reforma del sistema autonómico, incluso, en un ejercicio de cinismo más que descarado, permite que el documento final de la reunión diga: "Las comunidades autónomas no son el problema sino parte de la solución". Efectivamente, son parte de la solución a la crisis, porque ésta pasa por hacerlas desaparecer. Sin embargo, no es esa la intención de Rajoy y los suyos, que se limitan a la política del palo y la zanahoria y ahora les dicen que tienen que asumir tal o cual recorte y luego les dicen que van a subir los impuestos para que los sacrificios que tengan que hacer no sean tantos y puedan empezar a pagar sus facturas, con tal de no tener líos ni con las autonomías ni con los barones regionales del PP.
O sea, que en la Conferencia de Presidentes teníamos, por un lado, a los representantes de los intereses de quienes gobiernan en cada región y, por otro, a los de quienes están al frente del país. Pero ¿y los intereses de los ciudadanos? ¿Quién los representa? ¿Quién los tiene en cuenta? Por desgracia, es evidente que nadie. Si las autonomías quieren dinero, a Montoro no le duelen prendas en subir los impuestos; si las autonomías se niegan a hacer los recortes en sus gastos que tendrían que hacer para salir de la crisis, pues el Gobierno se lo traga porque no quiere líos y pacta un acuerdo de mínimos que, al final, acaba por suponer más impuestos. Pero lo que quieren los ciudadanos es justo lo contrario: quieren menos impuestos para poder sobrevivir a la crisis, superarla y crear o encontrar empleo; quieren que se ponga fin de una vez por todas al despilfarro de sus dineros que llevan a cabo todas las administraciones públicas, en especial las territoriales; quieren que todo el mundo ponga toda la carne en el asador para salir de una vez por todas del pozo tan negro en que nos hayamos inmersos. Lo que no quieren es que los políticos de turno sigan tratándolos como seres a los que se puede exprimir hasta la última gota. ¿Cuál es, entonces, la voz que defiende los intereses de los ciudadanos? ¿Quién los tiene en cuenta? Desde luego, nuestros políticos no.