En contra de los mensajes optimistas que viene mandando el Gobierno de un tiempo a esta parte, la economía española puede encontrarse en estos momentos en la calma –en forma de reducción de la prima de riesgo y de colocación sin problemas de la deuda pública en los mercados– que precede a la tormenta. El déficit público de 2012, ya lo está avanzando la Unión Europea, va a ser muy superior al último objetivo revisado pactado con Bruselas, lo cual, no me cabe la menor duda, no le va a gustar lo más mínimo a los mercados. Y, para complicar más las cosas, ahora resulta que las previsiones de los organismos internacionales dicen que la recesión de la economía española se va a agravar este año, en vez de reducirse y finalizar, como dice el Ejecutivo. Si a ello se suman las incertidumbres relacionadas con los procesos electorales que tendrán lugar en Italia y Alemania y con las crecientes dudas sobre la economía francesa, de aquí a no muchas semanas es más que probable que nos vuelvan a llover tortas en los mercados.
En ese contexto, el Gobierno muy probablemente va a volver a encontrarse más que presionado por los mercados y por la propia Unión Europea para tomar las medidas de ajuste que está demorando desde que llegó al poder. El problema con el que se va a encontrar es que dichas medidas necesitan el respaldo de la población, de la sociedad civil, porque sin él corremos el riesgo de que la situación social empiece a degenerar y parecerse cada vez más a la griega. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar que la población reaccione de esa forma, cuando está harta de sufrir y tiene que asistir al espectáculo de corrupción que está representando la clase política en su conjunto? Porque, no lo olvidemos, este año se presenta duro en ese sentido. Muchos españoles van a sumarse a la legión de los que ya perdieron el derecho a la prestación por desempleo, mientras otros muchos verán recortada la misma como consecuencia de las medidas de ajuste que aprobó este Gobierno, mientras los jubilados ven recortado el poder adquisitivo de sus pensiones, muchos ciudadanos van a perder sus casas, otros muchos van a tener que acoger de nuevo a sus hijos, otros van a perder su puesto de trabajo o a ver reducidos sus ingresos, y todos tenemos que pagar más impuestos por obra y gracia de un Gobierno que se niega a meter mano a ese foco de gigantesco despilfarro que son las autonomías.
La poca capacidad de aguante que tenían los españoles puede haber desaparecido después de conocer cómo se forran los políticos. Porque el PP, lejos de despejar las dudas que ha suscitado el caso Bárcenas, las ha incrementado tras la comparecencia de Montoro en el Congreso, porque el ministro de Hacienda ni ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha aclarado nada sobre si Bárcenas se acogió o no a la amnistía fiscal, ni ha arrojado luz acerca de los sobres que, por lo visto, circulaban con tanta alegría por los despachos de la calle Génova. Porque la cuestión no es sólo quién ha cobrado en B en el PP; es, también y sobre todo, de dónde procedía ese dinero y a cambio de qué. En este sentido, los españoles seguimos igual que antes de la comparecencia de Montoro, esto es, sin respuestas a las preguntas fundamentales, pero mucho más indignados y coléricos. Y si predomina este estado de ánimo, este Gobierno no va a ser capaz de hacer lo que tiene que hacerse, suponiendo que en algún momento llegue a abrigar esa intención.