El ataque, el pasado viernes, de un grupo de simpatizantes de la denominada "izquierda abertzale" a la sede del PP de San Sebastián –bloquearon la entrada del local y pintaron en ella la palabra "fascistas"– ha servido para que la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, diga que aprecia en este hecho "una prueba mas a tener en cuenta, como muchas otras", para la ilegalización de las diversas marcas políticas de ETA.
La advertencia de Cospedal, al igual que cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández, señaló en el pasado reciente que "el contador de la ilegalización se ha puesto en marcha", no es creíble. No lo es porque el Gobierno del PP no tiene ninguna voluntad, ni política ni de ninguna otra especie, de ilegalizar ese mundo de ETA, que está enormemente crecido, en la calle y en las instituciones.
Antes de ganar las elecciones generales en noviembre de 2011, el PP y su líder, Mariano Rajoy, ya dieron muestras más que preocupantes de que en materia de lucha antiterrorista iban a tener, cuando llegaran al Gobierno, una política errática. Sólo de esa manera cabría interpretar la valoración que hizo el entonces líder de la oposición del comunicado de ETA del 20 de octubre de 2011 sobe "el cese definitivo de la actividad armada". Ese anuncio, dijo Rajoy, se produjo "sin ningún tipo de concesión política", algo que sorprendió mucho a propios y extraños, porque de sobra sabía el entonces líder de la oposición todo lo que Zapatero y Rubalcaba habían estado negociando con ETA a través de Eguiguren.
Ese posicionamiento de Rajoy fue un mal presagio que se corroboró cuando, pasado un mes de su abandono del palacio de La Moncloa, el expresidente Zapatero se reunió en enero de 2012 por espacio de dos horas en el Ministerio del Interior con el titular de esta cartera. Aunque nunca se ha informado oficialmente sobre lo tratado en esta reunión, es fácil suponer que en la misma Zapatero explicó a Fernández Díaz en qué punto estaba la hoja de ruta de la negociación con ETA que él había impulsado desde el 2005, y qué compromisos con la banda terrorista quedaban por cumplir.
Pero el punto más negro de la gestión del Gobierno de PP en materia de lucha antiterrorista tuvo lugar en agosto del pasado año, cuando el Ministerio de Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, dio luz verde a la concesión del tercer grado al torturador/secuestrador de Ortega Lara Josu Uritxeberria Bolinaga, so capa de que sufría una enfermedad terminal. Esa decisión política del Gobierno, corroborada posteriormente por los jueces, permitió a Bolinaga salir de la cárcel, volver a su Mondragón natal y gozar a día de hoy de una libertad de la que el privó durante 532 días con sus noches a Ortega Lara.
Haber permitido la liberación de Bolinaga es un baldón que pesará para siempre sobre el PP y especialmente sobre el ministro del Interior que lo impulsó, es de suponer, con el consentimiento del presidente del Gobierno. Pero habiendo sido esa actuación enormemente grave y ofensiva no sólo para las víctimas del terrorismo sino para todos los ciudadanos que salieron en su día a la calle para pedir la liberación de Ortega Lara, lo es mucho más que, pasado un año de la misma, el Ejecutivo no haya hecho nada para que el etarra Bolinaga vuelva a la cárcel, después de haberse comprobado que su enfermedad no era tan terminal como se dijo.
A Rajoy y a los actuales dirigentes del PP, tanto en Madrid como en el País Vasco, no es que les falten las convicciones necesarias para conseguir la derrota definitiva de ETA, lo que conllevaría impulsar la ilegalización de todas sus marcas para que la banda terrorista no pudiera estar como está ahora está en las instituciones. Es que piensan precisamente lo contrario. Creen y así lo manifiestan siempre que pueden que ETA ha sido derrotada, siguiendo de esa manera a pies juntillas el discurso que en su día dictaron el PSOE y el PNV.
No quieren admitir que acabar con ETA no es sólo que la banda terrorista no cometa atentados, lo cual está muy bien, sobre todo para los amenazados y para los potenciales objetivos de la banda terrorista. Acabar con ETA es también dar la batalla ideológica y política para que su proyecto totalitario y por tanto incompatible con la democracia no siga avanzando como lo está haciendo día a día en el País Vasco. Y ese mundo de ETA está tan crecido que lo mismo da un día un premio a Egin, el periódico que fue portavoz de ETA en los años ochenta y comienzos de los noventa, que intentan que una persona de la izquierda abertzale sea la txupinera de las fiestas de Bilbao, que llama "fascista" a un parlamentario del PP otro de EH-Bildu en medio de un pleno del Parlamento vasco o que clausuran la entrada a la sede de este partido en San Sebastián.
Como dijo en su día, cuando la tregua de ETA de 1998, María José Usandizaga, concejal del PP en el ayuntamiento de San Sebastián, "antes nos mataban, pero ahora no nos dejan vivir". Pero, claro, para los actuales dirigentes del PP y del Gobierno es mucho mas cómodo intentar llevarse bien con el PNV –el almuerzo mantenido por la vicepresidenta del Gobierno en Bilbao la semana pasada con el portavoz del Gobierno vasco y con el presidente del PNV, y del que fue excluida la presidenta de los populares vascos, Arantza Quiroga, es todo un síntoma de ello– que meterse en el berenjenal que según esa actitud supondría impulsar la ilegalización de las diferentes marcas de ETA.