Cabe dudar de que exista nada claro sobre la frontera entre nueva y vieja política, salvo que nos centremos en aspectos poco trascendentes como el desaliño indumentario, la falta de respeto escandalosa o las extravagancias. Pero sí existe, claramente, la diferencia entre la falsa política, la politiquería de unos mediocres con pocas luminarias y mucho interés personal, y la Política con mayúscula que necesitamos. Uno de los síntomas claros, tanto en medios (que también son política) como en políticos ejercientes, es el esfuerzo en no tratar los temas fundamentales que condicionan y modularán la vida de los españoles en la polis común. Y, refinamiento funesto, estas ocultaciones de birlibirloque se dan en campañas electorales.
Por ejemplo, es intolerable y de una enorme deficiencia democrática que la campaña en Vascongadas, o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que nadie se moleste (a partir de ahora CAPV), no aborde el tema del cupo vasco en profundidad, analítica y propositiva. Se podría argumentar que es un tema de importancia nacional y que aquí no procede porque se trataría de elegir a los mejores gestores regionales para trabajar en el marco vigente. Sería, de nuevo, hacerse lamentables trampas en el solitario, ya que nadie ignora que el enfoque de estas elecciones es totalmente nacional y que la dinámica establecida es una disputa entre partidos regionales secesionistas con un modelo de ciudadanía pre Ilustración frente a partidos de ámbito nacional o cuasi nacional (PSE) que, por lo menos, dicen creer en una España de ciudadanos iguales y libres. Por lo tanto, la opinión e intención de los partidos que se presentan sobre el cupo vasco, a más de tener una obligada visión global de los intereses de los españoles todos, debería ser un factor clave a la hora de valorar la entrega del voto. Lo que pase con el concierto y el cupo vascos va a condicionar grandemente la prosperidad, solidaridad e igualdad de los españoles del futuro, así como el elemento clave de sentirse miembros de un proyecto común en marcha solidaria. Es decir, va a condicionar la posibilidad de que España vuelva a ser lo antes posible una sociedad de libres e iguales que los partidos españoles dicen defender. Como lo ha condicionado hasta ahora, pero en sentido totalmente destructivo. Y de ese análisis serio, riguroso y debatido habría que partir y hacer propuestas, al servicio de lo que se ha dado en llamar valores republicanos, que inspiran, por ejemplo, la sociedad en la que viven los vascos franceses. (Nada que ver, por supuesto, con la forma de jefatura de Estado, lo mismo diríamos de Dinamarca, por ejemplo).
Si podría ser entendible que no se hablase demasiado del concierto vasco en el ámbito de unas regionales porque es un hecho constitucional, como tal democráticamente votado, cuya modificación o erradicación necesita del Parlamento español y de una actitud propositiva a nivel nacional. Los problemas para la democracia española, en que la disposición adicional primera de la Constitución echaba las primeras potencialidades retrógradas de discriminación, territorialidad por encima de ciudadanía, agravios comparativos e insolidaridad, pueden haberse convertido en verdadera metástasis venida a más por la gestión y el desarrollo políticos que se le ha dado posteriormente, absolutamente imprudente para el bien común de los españoles, por decirlo con generosidad.
Uno de los aspectos catastróficos tangibles de ese desarrollo es el llamado cupo vasco, a no confundir con el concierto, que atribuye derechos diferenciales a determinados españoles que viven en determinadas áreas. El cupo es la plasmación cuantitativa de esos derechos, en cuanto supone la cantidad de dinero con el que el Gobierno regional (recolector de lo que aportan las tres Haciendas forales) contribuye a los ingresos del Estado, que deberá atender sus obligaciones de protección al bien común, entre otras las redistributivas. Pues bien, no existe estudio de disparidades regionales, no existe análisis de la financiación autonómica, no existe medición de los gastos e ingresos públicos per cápita que no demuestren límpidamente que la contribución foral está muy por debajo de la del resto de España y que, por lo tanto, determinados ciudadanos españoles, geográficamente ubicados, temporal o permanentemente, en la CAPV, gozan de mejores prestaciones sociales porque el Gobierno regional está grandemente sobrefinanciado en comparación con los de otras regiones. En otras palabras, sin dudar de la mítica capacidad gestora de los habitantes de la CAPV, la realidad es que la mayor prosperidad relativa de la que gozan se debe en gran parte a los impuestos del resto de los españoles. Y eso es una discriminación entre ciudadanos compatriotas, un absurdo democrático y un ataque frontal a la visión moderna de una nación de libres e iguales. Y, por supuesto, el germen de agravios, confrontaciones tribalistas y descrédito del valor solidaridad. Lo que en épocas de gravísima crisis económica para todos y de gigantescos problemas para mantener el Estado del Bienestar, adquirido por los españoles todos con esfuerzos ímprobos, es una catástrofe política disolvente. Como se ha explicado, el cupo vasco no es el resultado inevitable de una apuesta constitucional, sino el resultado de un método impresentable gestionado políticamente en vez de científicamente para asegurar la igualdad de todos los españoles, lo que sí es un prioritario valor constitucional. Por eso, al ser gestión política que condiciona grandemente el futuro de la igualdad y solidaridad entre españoles, es absolutamente intolerable que no sea un tema debatido intensamente en la campaña electoral, aunque más no fuera por los partidos de ámbito nacional, por pedagogía, por ética y por respeto a los ciudadanos.
Un solo partido así lo hacía, el laminado UPyD a manos de sus creadores, por lo que aquí rindo homenaje a la valentía y honradez de don Gorka Maneiro. Hoy el minúsculo UPyD ya no se presenta y nadie habla en campaña del cupo vasco, ese oscuro, y obsceno, objeto del deseo. Y lo llaman nueva política.