Pedro Sánchez ha elegido como ministro de Justicia al magistrado socialista Juan Carlos Campo. Campo es la pareja sentimental de la presidenta del Congreso, la socialista nacionalista Meritxell Batet, en línea con lo que se estila en una izquierda nepotista hasta el sonrojo, como ilustra a la perfección el caso del vicepresidente Iglesias y su compañera Irene Montero, que sustituyó en Podemos a la ex de Iglesias Tania Sánchez y ahora ha sido aupada al Gobierno para ocuparse de –resulta hasta sangrante– la cartera de Igualdad.
Lo que caracteriza al socialista Campo es su despiadado fanatismo, puesto de manifiesto con especial y repugnante crudeza cuando utilizó en 2018 el atroz asesinato del niño Gabriel Cruz para justificar la oposición del PSOE a la prisión permanente revisable desde la tribuna del Congreso, donde no ahorró insultos y descalificaciones a los partidos de la oposición.
En efecto: este personaje, procedente del mundo zapateresco, va a ser el encargado de gestionar la Justicia en unos momentos en que su jefe, aliado de golpistas condenados, pretende poner fin a "la deriva judicial, que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española", infames palabras con las que Sánchez aludió en la sesión de investidura a sus planes para solucionar el mal llamado "conflicto catalán".
A Sánchez le incomodan los jueces dignos de tal nombre, y tanto él como sus ministros lamentan públicamente los reveses que los tribunales han propinado al mundo separatista, como la ratificación de la inhabilitación del supremacista Quim Torra por desobediencia y la retirada de la condición de eurodiputado al sedicioso Oriol Junqueras, asuntos que han hecho zozobrar la alianza de Sánchez con los golpistas y todavía amenazan seriamente la estabilidad de este Gobierno de la Vergüenza.
A ver ahora qué pasa con la elección del nuevo fiscal general del Estado, primera prueba de fuego del sectario Campo...