Ilegitimidad del Gobierno

Miente Pedro Sánchez. Una vez más, ha mentido en sede parlamentaria. No es cierto que este Gobierno tenga legitimidad, según mantuvo este miércoles en el Parlamento. Al contrario, este Ejecutivo, entre todos los Gobiernos de la UE, es el exponente máximo de la ilegitimidad, sencillamente porque porque miente continuamente y, de paso, no defiende la legitimidad del sistema democrático basado en la Constitución. El propio ministro de Justicia ha dicho, en el Congreso de los Diputados, que estamos viviendo una crisis constituyente. Es menester cambiar ya, según este Gobierno, el sistema democrático. La Constitución. He ahí una prueba más de que este Gobierno no busca su legitimidad, sino la destrucción de la máxima institución jurídica, que se la daría a ellos, si actuasen de buena fe, la Constitución.

La legitimidad de todo Gobierno, como es sabido por cualquier ciudadano de bien, no se define por su origen, más o menos legal, sino por su ejercicio, por una búsqueda permanente de legitimación de todas sus actuaciones. No es el caso de este Ejecutivo, que, lejos de aceptar que sin autolimitación en el ejercicio del poder no hay democracia, persigue a quienes no estén de acuerdo con ellos. ¿Acaso perseguir a la oposición acusándola de golpista es una manera de legitimarse en el poder?, ¿acaso ocultar el nombre de los científicos, que pretenden justificar sus decisiones contra la covid-19, es una buena forma de legitimarse?, ¿acaso gritar que estamos en un proceso constituyente, algo así como que la Constitución del 78 no sirve para nada, implica la búsqueda de legitimación?

Mil pruebas hay para demostrar la ilegitimidad de este Gobierno. Daré solo una que nos pone ante lo evidente. Apenas hay españoles que crean en el triunfo del poder judicial contra la ineptitud, la incompetencia y, sobre todo, las conductas presuntamente delictivas de este Gobierno en la crisis de lacovid-19. Sí, la mayoría de la población española está convencida de que el Gobierno dará, cuando menos lo esperemos, un zarpazo, un golpazo político, a la Justicia para que ellos no tengan que pagar penalmente su absoluta inoperancia ante la crisis de la covid-19. Sí, la mayoría de los españoles, independientemente de sus convicciones ideológicas y preferencias electorales, consideran que los gobernantes socialistas, comunistas y separatistas no pagarán penalmente por sus conductas a todas luces impropias de personas civilizadas ante la crisis de la covid-19. Sí, a pesar de la primera victoria de la jueza Rodríguez Medel, que ha conseguido tomar declaración por conducta temeraria al delegado del Gobierno en Madrid, son millones las personas que creen que el Gobierno se irá de rositas por sus imprudencias temerarias.

Pocos son, en efecto, quienes piensan que la Justicia española conseguirá llevar a prisión a alguno de los miembros de este Gobierno por su infame comportamiento ante la covid-19. He ahí, en verdad, la prueba de la ilegitimidad de este Gobierno: casi nadie cree que este Gobierno pagará penalmente por sus culpas. Son mayoría quienes creen que el Estado de Derecho en España ha sido vencido por una coalición política sin legitimidad democrática.