En vísperas de un 8-M que afortunadamente ya pasó, y con él todas las cortesías que se les hacen a las mujeres para buscar su voto, el presidente Sánchez anunció una ley de paridad que justificó en estos términos: "Si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tienen que ser de las mujeres". Vaya, vaya con el organicismo. Porque esta justificación, si se toma en serio, cosa que voy a hacer por una vez, nos lleva a lugares insospechados. Insospechados, primero, para el autor de la frase.
Lo que vino a decir el presidente, con ligereza e inconsciencia, es que un grupo con determinadas características tiene que estar representado de acuerdo a la proporción de la población que suponga. Ahora, el grupo al que se concede tal privilegio lo forman las mujeres, categoría en la que entran también, desde la ley Trans, las que se autodefinen como tales. Pero en cualquier sociedad hay o puede haber variedad de grupos que reúnen a personas con ciertos rasgos comunes. Y si mañana nos pusierámos a aplicar como norma general lo apuntado por Sánchez, iban reclamar enseguida el privilegio de estar representados, por ley, en el porcentaje que les correspondiera. ¿Qué son el cinco por ciento de la población? Pues el cinco por ciento de representantes. ¿Qué son el veinte? Pues el veinte. Y así. Siempre en un porcentaje variable, sujeto a los altibajos de la demografía.
En caso de que el argumento que esgrimió Sánchez fuese algo más que una frase para la ocasión, una de las que se dicen como si expresaran una obviedad indiscutible —qué peligro tienen las perogrulladas—, habría que decir que establece un principio de representación ajeno al que empleamos en democracia, donde la figura central es el ciudadano. Son los ciudadanos los que están representados sin que importen diferencias de sexo, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro rasgo. Los ciudadanos: no las mujeres, por un lado, y los hombres, por otro. Los ciudadanos: no los estamentos (como en el Antiguo Régimen). Los ciudadanos: no los sindicatos ni los municipios (como en la llamada democracia orgánica del franquismo). Los ciudadanos: no los rubios, los morenos y los pelirrojos. Los ciudadanos: no los gordos y los flacos.
La ley de paridad que aprobó el Gobierno en plan regalo con lacito por el Día de la Mujer es un nido de contradicciones. ¿Qué pasa con otros poderes? ¿El poder político ya incluye al judicial? Sería una confesión interesante. Defina poder económico, venga. ¿Por qué un 40 por ciento y no un 50 por ciento si son la mitad de la población? Es inútil. Las operaciones de marketing político son turbias por definición. Lo importante es el daño. Se suele criticar la discriminación positiva porque pone a las mujeres bajo la sospecha de estar ahí por la cuota y no por su valía. Pero el beneficio de ascender seguro que compensa la sombra. El daño es otro, muy distinto y más extenso. Es la desaparición del ciudadano, su fragmentación en compartimentos identitarios. Piano, piano, por la vía de la posmoderna identidad, vamos a acabar haciendo un remake de lo del Antiguo Régimen.