Puedo comprender que la figura de Ramón Tamames no sea del agrado de muchos. Lo conocí en la clandestinidad en dos encuentros de la editorial ZYX, con la que colaboré durante años. En uno, compitió con José Ramón Lasuén, ya desaparecido, en explicar a un grupo amplio de estudiantes y trabajadores la bondad de sus propuestas económicas para el futuro. Perdió. En otro, repitió una y otra vez que en la nueva España democrática habría que hacer todo lo posible por que no resucitara la CNT (a la que confundía sin más, creo, con la FAI). Muchos años después, volví a encontrarme con él cuando Javier Arenas reunió a los mejores economistas del país, en comidas sucesivas, para encauzar el tema de las pensiones y otros marrones que dejó pendientes el exministro Griñán. Tamames no es un payaso, ni un lerdo, ni un ignorante ni una vedette. Quizá no era el candidato apartidista idóneo, cierto. Pero, ¿había otro que aceptara?
Pero, señoras y señores, don Ramón no es el protagonista de la moción de censura registrada por Vox aunque lo hayan situado en el centro de la diana para acertar a un blanco más sencillo y llevarse la chochona de esta feria. Como vivimos en una nación donde se lee poco y mal, me temo que sólo algunos habrán leído el texto de la moción de censura encabezada por Santiago Abascal y firmada por todo su grupo parlamentario. Naturalmente, es de suponer que dicho texto habrá sido leído y aceptado por el señor Tamames, candidato a presidir un hipotético Gobierno si la moción prosperase con el único objetivo de convocar elecciones generales de forma inmediata.
Ya en su Introducción, tras subrayar la estrategia del PSOE y sus socios comunistas y separatistas de degradar la Constitución de 1978, se precisa que "asistimos a la demolición de los caracteres esenciales del orden constitucional español. Las fuerzas separatistas y filoterroristas con las que el Ejecutivo dijo que nunca pactaría son hoy su compañía preferente, han conseguido determinar la gobernabilidad de la Nación y dictan indultos y modificaciones ad hominem del Código Penal, además de decidir, con su claro apoyo, el sentido de las políticas que se aplican a todos los españoles".
Y sigue: "La profundización en la desigualdad entre los españoles y la desaparición del Estado de muchas regiones, la quiebra de la concordia nacional a través de la reescritura de la Historia, la invasión inmigratoria ilegal, la vulneración flagrante de la Constitución con recortes de derechos que eran impensables hasta hace bien poco, la amistad con narcodictaduras y la sumisión a regímenes totalitarios a lo largo y ancho del mundo no son más que ejemplos de lo evidente: que la agenda de Pedro Sánchez y su Gobierno no busca el interés general de los españoles, la materialización del bien común, su prosperidad y su progreso, sino la imposición de una ideología como política de Estado".
Tras hacer constar que la moción de censura es un derecho constitucional y un deber moral se expresa que, además, la moción de censura es "una forma legítima de advertir, al mayor nivel, del grave riesgo en el que se encuentran la libertad, la prosperidad, la igualdad o la seguridad en España, que incluso han desaparecido por completo en algunas regiones de nuestro país". Y luego, desde la página 5 a la 44, se desmenuzan las perversiones antidemocráticas de este gobierno.
Enumeraré algunas:
- Fraude al electorado, al que ha mentido en campaña electoral diciendo que no pactaría con Unidas Podemos, ni con la izquierda golpista de ERC ni la extrema izquierda filoterrorista de EH Bildu.
- El precio a pagar ha sido el abandono de las víctimas, el blanqueamiento de los asesinos y su acercamiento, indultos a los golpistas y modificación del Código Penal ad hominem para favorecer a los dirigentes y, de paso, a condenados por corrupción.
- Arrinconamiento civil y político de más de la mitad de las poblaciones vasca y catalana.
- Violencia política contra los partidos de la oposición e intentos de deslegitimación.
- Reescritura de la Historia de España enterrando unos crímenes y desenterrando otros.
- Declaración inconstitucional e ilegal de estados de alarma durante la pandemia con encerramiento indebido de españoles en sus casas y cierre del Parlamento. Y de mascarillas ni hablamos, no, pero sí.
- Asalto a los contrapoderes del estado: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, instituciones como el CIS, entidades públicas como la RTVE y la SEPI y empresas como Indra Sistemas, encargada de los recuentos electorales.
- Desmerecimiento de la figura del Rey como antesala de la abolición de la monarquía y, con ella, de la unidad nacional.
- Aprobación de leyes ni suficientemente meditadas, ni adecuadamente consultadas con los sectores afectados, ni rigurosamente redactadas, que han provocado y van a provocar dislates judiciales como reducciones de penas a agresores sexuales, reclamaciones y desvaríos.
- Y, por terminar aquí, aumento desorbitado del gasto improductivo, la aplicación implacable de una política fiscal confiscatoria, grave pérdida del poder adquisitivo por aumento de los precios y peligro para las pensiones.
¿Merece todo esto exponerse sin tiempo tasado en el Congreso y que lo escuche y lo vea toda España antes de las elecciones? ¿Sí o no? Y aún quedan 23 páginas del texto de la moción. ¿Seguimos hablando de Ramón Tamames?