En nuestra todavía joven democracia —al fin y al cabo, cuarenta y cinco años no son nada— hay un verbo que se conjuga muy poco: dimitir. Existe también otro segundo verbo, que también es muy poco utilizado por quien tiene potestad para ello: cesar.
En el actual gobierno Frankenstein, esta anomalía democrática se da claramente en dos casos de ministros que deberían estar ya en su casa, bien porque tuvieran la dignidad de dimitir, bien porque quien puede hacerlo, les retirara su confianza y les cesara. Me estoy refiriendo a la ministra de Igualdad, Irene Montero; y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En el caso de Montero, nunca antes un miembro del gobierno había sufrido un varapalo tan fuerte y en diferentes fases. Como es sabido, la ley del "si es si" que impulsó la ministra de Igualdad —aunque en su fase de proyecto de ley fue aprobado en su día por todo el Consejo de Ministros, Presidente incluido— es la mayor chapuza que en su elaboración y redacción ha cometido un Gobierno en democracia, con unos efectos devastadores: un total de 980 condenados por delito de agresiones sexuales han visto reducidas sus penas como consecuencia de la aplicación de la ley y otros 104 han sido puestos en libertad.
Lejos de pedir perdón a las víctimas, Montero ha echado la culpa de ello a jueces "fachas" y "machistas" que según la ministra no están suficientemente preparados en este tipo de cuestiones. La pasada semana, Montero tuvo que presenciar triste y sola —como dice la canción de la tuna, con la sola compañía de Ione Belarra en el banco azul— cómo el partido mayoritario que apoya al gobierno del que forma parte, en alianza con el PP, sacaban adelante la reforma de la citada ley para evitar más reducciones de penas y excarcelaciones.
En cualquier democracia un poco madura —Alemania, Francia, Gran Bretaña y no digamos Estados Unidos— la ministra de turno a la que le hubiera pasado eso, hubiese dimitido en el primer minuto, sin esperar a que el jefe del Gobierno se lo insinuara o directamente la cesara. Aquí, ni una cosa ni otra. Quizás la pregunta que habría que hacerse es: ¿a dónde iría la señora Montero si dimitiera o fuera cesada? ¿A la cola del paro quizás?
El ministro de Interior es el segundo caso flagrante de falta de actitud democrática. Aparte del escándalo causado hace unos meses por los incidentes en la valla de Melilla, donde murieron 23 migrantes procedentes de Marruecos —el ministro sostiene que ninguno falleció en suelo español— Grande-Marlaska recibió hace unas semanas un gran bofetón judicial del Tribunal Supremo al anular este el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro de Interior, al negarse el citado coronel a proporcionar información a sus superiores jerárquicos sobre la investigación que en su calidad de policía judicial estaban realizando miembros de la Benemérita de la Comandancia de Madrid en torno a la manifestación del 8-M de 2020 y de la responsabilidad que en su celebración tuvo el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Se da la circunstancia en este caso de que la juez que instruía el caso, Carmen Rodríguez Medel, le había indicado expresamente al coronel Pérez de los Cobos que no podía informar de las investigaciones a nadie más que a ella. Es decir, que, por cumplir con su deber, por negarse a dar esa información judicializada a sus superiores de la cadena de mando, el coronel fue cesado de forma totalmente arbitraria por el ministro de Interior, que hace unas semanas tuvo que tragarse el enorme sapo de que el Tribunal Supremo decretara nulo ese cese y ordenara la restitución en su puesto al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, dando dos meses de plazo para que se lleve a cabo.
Marlaska, que ha dilapidado en esta legislatura como ministro de Interior todo el prestigio acumulado como juez y especialmente en su etapa en el País Vasco, en lugar de dimitir ha emprendido el camino de la huida hacia adelante, protegido por Sánchez, pero perdiendo a chorros algo que en la cartera de Interior es básico y fundamental: la Auctoritas ante sus subordinados, que son, entre otros, varias decenas de miles, si se suman los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Además, Marlaska ha sido el único miembro del Gobierno reprobado por el Congreso de los Diputados.
Montero y Marlaska, Marlaska y Montero, son sólo los dos casos más llamativos de falta de una cultura democrática, que les define como políticos. Nada nuevo, por otra parte, ni sorprendente, en el guirigay de desgobierno de coalición presidido por Sánchez.