Vivimos "momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña", con la pretensión final "de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña". "Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno". Y "con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". Porque esas mismas autoridades "han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando —desgraciadamente— a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada".
No son mis palabras, sino las de "Su Majestad el Rey, Palacio de La Zarzuela, 3 de octubre de 2017". Las mismas en las que Felipe VI, dos días después del estallido oficial del golpe separatista del 1-O, afirmó con plena razón y acierto que esas mismas autoridades "han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común". Y "por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".
Hoy no son sólo las autoridades catalanas. Son ellas. Es Bildu, el partido heredero de ETA, socio preferente de Pedro Sánchez. Es Junts, el partido comandado por un delincuente golpista prófugo de la Justicia. Es la ERC, liderada por el golpista condenado Oriol Junqueras. Y es, sobre todo, el PSOE, un partido entregado al golpismo, a la destrucción constitucional y a la demolición nacional bajo dos premisas: la permanencia en el poder y la erradicación del pluralismo político e ideológico. Aunque ello suponga la aniquilación de la nación y del estado de derecho. Y, por todo ello, porque la situación es más grave que la vivida el 1-O, es por lo que todos tenemos el deber moral de defender España y su Constitución. El deber de defender nuestra nación y nuestras libertades del ataque de quienes se han conjurado en la destrucción de nuestro patrimonio más preciado: nuestro país, España.
Hoy no vivimos el ataque de un gobierno regional a la Constitución. Vivimos la amenaza evidente de un ataque conjunto de al menos dos gobiernos regionales —el catalán y el vasco— junto a uno nacional —el de España en caso de revalidar la presidencia Pedro Sánchez—. De un ataque a gran escala contra la existencia de España, su Constitución, el estado de derecho en pleno y todas nuestras libertades plasmadas en las páginas de la Carta Magna. Y si alguien tiene alguna duda, seria conveniente que repasara los programas electorales de las formaciones que exigen una destrucción constitucional. Derecho a la propiedad, libertad de prensa, libertad de expresión, igualdad real entre el hombre y la mujer —sin ataques al hombre—, libertad de empresa, unidad nacional, lealtad institucional entre todas las comunidades autónomas, independencia judicial, monarquía parlamentaria, garantías judiciales. Todo figura en las páginas de nuestra Constitución. Y todo es combatido en los programas del PSOE o sus socios proetarras, comunistas, golpistas o separatistas.
Por eso debemos salir a la calle. En Madrid y en Barcelona. En cada plaza en la que se defienda nuestra libertad y nuestra patria. Porque, en caso contrario, de nada servirá lamentarse después.