Sánchez ha hecho público este lunes su gobierno, un hecho bastante irrelevante, porque los que van a llevar las manijas de las decisiones de este ejecutivo serán Puigdemont, Otegui, Junqueras y Ortuzar. No ha habido reducción de ministerios —siguen 22 como en la legislatura anterior, lo cual es en si una muestra del desprecio de Sánchez hacia el recorte del gasto público— y el máximo mérito, según ha subrayado el propio presidente, es que es más feminista, porque hay más mujeres que hombres y, además, las cuatro vicepresidentas son mujeres. Un argumento, como se ve, de gran peso y nada demagógico propio del personaje.
La composición del gobierno es lo de menos. Lo importante, lo más grave, es lo dicho y señalado por Sánchez en su debate de investidura. Es la primera vez en democracia que un presidente dice públicamente que va a gobernar sólo para una parte de los españoles: los que le votaron y le apoyaron en su investidura. Es decir, los once millones de españoles que votaron al PP y a VOX no van a ser objeto de los desvelos de Sánchez, porque no solamente los desprecia, sino porque su objetivo político —aparte del personal de permanecer en el poder a cualquier precio— es impedir que la derecha vuelva a gobernar en España.
Lo dijo claramente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando subrayó que el único punto, y repitió varias veces lo del único, que une a todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez es evitar que gobierne la derecha, en la que ellos meten tanto al PP como a VOX. Y es verdad, porque partidos como Junts o el PNV, por ejemplo, en cuestiones económicas, poco tienen que ver con ERC, Bildu o Sumar.
Sánchez, al comienzo de su discurso de investidura, con un tono de voz más propio del que pone un niño que no ha roto un plato en su vida, manifestó su respeto a todas las manifestaciones que se estaban produciendo en España en contra de la ley de amnistía y de sus pactos con los independentistas. Falso de toda falsedad. Si le importaran algo las multitudinarias manifestaciones que se han producido en toda España; si diera alguna trascendencia a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, Asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados, de muy diversos colegios profesionales, se habría parado un momento a pensar el por qué de tanta protesta. Pero no lo ha hecho, porque Sánchez desprecia al discrepante y, sobre todo, porque su objetivo de permanecer en el poder a toda costa, puede mucho más que una opinión mayoritaria en la sociedad en contra de la amnistía y de sus cesiones a los independentistas para poder continuar en la Moncloa.
No ha habido ninguna sorpresa, sí muchas mentiras, en el camino seguido por Sánchez tras las elecciones del 23-J. Incluso antes de esa fecha, en el mes de marzo, según ha confesado su fiel escudero, el navarro Santos Cerdán, ya empezaron los contactos con Junts para ir preparando el camino. Por cierto, que Cerdán —número tres del PSOE— dijera la semana pasada que, en su opinión, Puigdemont estaba en el exilio es de una indignidad supina, pone de manifiesto hasta donde está dispuesto a llegar el PSánchez para justificar lo injustificable, para llamar a lo blanco negro y a lo negro blanco, sin ruborizarse lo más mínimo.
Son momentos muy duros, muy preocupantes, los que se están viviendo en la actualidad, porque ya no es que se esté al borde del precipicio, sino que este presidente del Gobierno ya ha empujado a todo el País, que está en caída libre. No se sabe si se va con paracaídas, cuan de profundo es el precipicio y si hay algún medio de amortiguar el golpe de la caída. Hay que ponerse en lo peor.
Pero el único motivo de esperanza en esta gravísima situación es ver cómo la parte de la sociedad española que está en profundo desacuerdo con lo que ha hecho Sánchez, está despierta, muy movilizada, como nunca antes lo había estado, y con ganas de hacer frente a este golpe de Estado que está dando Sánchez con la colaboración de todos, repito todos, los que quieren y llevan años persiguiendo que España deje de ser España.
En esa parte de España que no se resigna están la inmensa mayoría de jueces decentes que pueden ser un muro de contención haciendo con honestidad intelectual y con profesionalidad su trabajo, a pesar de la nefasta injerencia del poder ejecutivo. En este contexto, vaya todo mi apoyo al juez Manuel García-Castellón, señalado vilmente por Gabriel Rufián la pasada semana en el Congreso, con la aquiescencia de la presidenta de la Cámara, fiel servidora de su amo.