Si ha habido una mujer silenciada, golpeada, asesinada y hecha desaparecer vilmente —una barbaridad que la justicia no es capaz de remediar– ella es Marta del Castillo Casanueva, de cuyo martirio acaban de cumplirse 15 años. Siempre la tengo en la cabeza y en el corazón, como tengo a su familia. Conocí a su padre y a su abuelo, Antonio del Castillo y José Antonio Casanueva cuando denunciaban muchos de los malos tratos que han sufrido. Naturalmente, este 8-M he vuelto a recordarlos.
Nunca olvidaré lo que me contaron en una ocasión. Una de los testigos del caso, María García Mendaro, era la novia de Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel Carcaño, que ya nadie sabe si fue o no el autor material del asesinato aunque lo confesara. Es la única que no pisó la cárcel y se fue de rositas aunque tenía que estar al tanto de todo porque estuvo en la casa donde Marta fue asesinada, fuese por quien fuese.
Antonio del Castillo viajó a Lebrija, localidad sevillana donde residían los padres de María García Mendaro. Su madre, Ángela Mendaro, era dirigente del PSOE sevillano y miembro de la asociación socialista Clara Campoamor, que presidía por aquel entonces Amparo Rubiales. Ya es mezquindad que la personalidad centrista y liberal de la Campoamor, que defendió el voto femenino en la II República mientras que la radical socialista Victoria Kent se opuso a él con el aplauso de algunos socialistas como Indalecio Prieto, sea manipulada por socialistas sin más aclaración.
Pero la mayor mezquindad es la negativa de María García Mendaro y de su familia a que se conozca la verdad del caso Marta del Castillo. El padre de Marta les suplicó. Incluso les prometió que si confesaba qué había ocurrido retirarían los cargos contra ella. No hubo forma. Es comprensible que una familia trate de defender a su hija de un peligro cierto, pero no lo es que para conseguirlo silencien una verdad que podría ayudar a recuperar los restos de Marta, una mujer asesinada que, al parecer, no tiene derecho a su 8-M.
La familia del Castillo Casanueva siempre ha declarado que ha sido la influencia de algunos socialistas la que ha desviado el procedimiento de su curso normal. "Si no hubiera socialistas implicados todo se habría resuelto en 2009", dijo el padre a OK Diario hace un año. Pero las mezquindades siguen afectando al caso.
El viejo diario católico, El Correo de Andalucía (1899), fue comprado por el PSOE en 1986. Luego pasó al grupo empresarial Morera Vallejo en 2014 y, desde enero de este año, es propiedad del grupo Prensa Ibérica tras el despido de toda su redacción, su conversión al formato digital y la designación de una nueva dirección con estrechas relaciones socialistas y vocación "feminista".
Pero a las primeras de cambio, su "talante" censor y autoritario se ha hecho evidente. Carece de explicación suficiente, pero la recién estrenada dirección se negó a publicar la información de unos de los más experimentados y notables detectives de España, Juan Carlos Arias, sobre el caso Marta del Castillo, siendo como era antiguo colaborador del periódico.
En el artículo censurado se dice que "un Informe pericial del madrileño Manuel Huerta (Lazarus Technology) que encargó el Juzgado revela nuevas geolocalizaciones, clamorosas carencias y extraños borrados de datos en los móviles de los encartados" (¿quién los borró?), que acentúa la sospecha sobre una una "mano negra" en el caso. El ciber-experto tardó ¡varios años! en entregar su dictamen al juzgado (¿por qué?) y el Colegio Andaluz de Ingenieros Informáticos y otras instancias denunciaron su falta de idoneidad y titulación. Eso sí, mantenía buenas relaciones "con un abogado del caso, José María Calero —también exfiscal—, y el exdirectivo de la RTVA sector Canal Sur pata negra[i], Francisco Romacho!.
La familia de Marta del Castillo rompió todo vínculo con Calero, su abogado durante cuatro años y miembro entonces del poderoso bufete Montero Aramburu, por diferencias de criterio justo en el momento en que Miguel Carcaño afirmó que el asesino de Marta fue su hermanastro y novio de María García Mendaro. Posteriormente, Calero se independizó y fue el abogado de Jose Antonio Griñán en el famoso proceso del caso ERE. Gracias a sus contactos le libró de la entrada en la cárcel.
La nueva dirección de El Correo de Andalucía, además de censurar su trabajo, despidió al detective. También ha despedido a otros históricos colaboradores como el catedrático de periodismo, Ramón Reig. Este ha escrito un artículo titulado "Purgas y censuras", en el que expresa:
La nueva directora[ii] de El Correo se ha cargado artículos míos —que publiqué mi primer texto periodístico en El Correo en 1974—, de Manuel Bohórquez —que llevaba 40 años ligado a El Correo—, del periodista e investigador Juan Carlos Arias, del valioso y joven periodista Ezequiel García, de la veterana periodista Rosa Rodríguez Cárcela… Vamos, todo un ejemplo del nuevo mundo feminista, el de la solución final.
¿Hay algo más que añadir?
[i] Esto es, vinculado al PSOE andaluz desde los principios de la cadena regional.
[ii] La nueva directora es Isabel Morillo, en su día redactora del mismo periódico, que la despidió cuando el PSOE dejó de ser su propietario. Es hija de un ex director general de la Junta de Andalucía, nombrado por Manuel Chaves en el año 2000.