El Golpe de Estado de Armengol en el Congreso

Decía Hans Kelsen, uno de los padres del constitucionalismo contemporáneo, que toda modificación de la Constitución mediante un procedimiento no previsto en ella supone un golpe de Estado.

Kelsen era de origen judío y había comprobado con horror cómo el Partido Nazi usó a las instituciones para destruirlas desde dentro e imponer un régimen de terror.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, se traspasaron todos los límites constitucionales y se practicó justamente lo que denunciaba Kelsen.

Francina Armengol, junto al resto de miembros de la Mesa del PSOE y de Sumar, decidió vetar las enmiendas a la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario que había propuesto el Senado.

Entre esas enmiendas, se encontraba la introducida por el PP que proponía reducir el IVA a los alimentos básicos al 2% hasta el 31 de diciembre.

Armengol, en un ejercicio de despotismo institucional nunca visto hasta ahora, dio luz verde a la petición del Gobierno de utilizar el artículo 134.6 de la Constitución, el cual le otorga al Ejecutivo la potestad para excluir iniciativas parlamentarias cuando estas impliquen una disminución de los ingresos o un aumento del gasto.

Dicho artículo ha sido usado hasta la extenuación para evitar que se debata cualquier iniciativa que tenga visos de salir, lo cual es habitual teniendo en cuenta la situación de debilidad parlamentaria en la que se encuentra inmerso Pedro Sánchez.

Sin embargo, Armengol no podía utilizar dicho artículo para vetar las enmiendas que traía el Senado y evitar que estas se pudieran votar. La doctrina del Constitucional es muy clara al respecto: se pueden vetar las enmiendas en el proceso de tramitación de la ley, pero ese proceso ya había pasado, la ley ya había ido al Senado y el momento procesal no permitía tal exclusión.

Pero lo peor no es eso, sino que se ha privado al Senado de una de sus principales potestades constitucionales: es el artículo 90 de la Constitución el que faculta al Senado a presentar enmiendas a las iniciativas parlamentarias que apruebe el Congreso.

El PSOE está usurpando de sus funciones constitucionales al Senado, llevando a España a un choque institucional nunca antes visto.

El propio secretario general del Congreso, Fernando Galindo, advirtió que estos vetos eran manifiestamente inconstitucionales. Y lo mejor es que la izquierda no puede decir que este señor es un peligroso ultraderechista que practica lawfare: fue elegido por el PSOE y Sumar en el año 2023.

Nuestro sistema es bicameral por una razón fundamental: establece contrapesos democráticos. Para ciertas iniciativas, como modificaciones constitucionales de calado o la aplicación del famoso artículo 155, se requiere del respaldo de ambas cámaras.

Esto es así por un motivo muy concreto que fue diseñado por el Constituyente: el Senado representa a los territorios, los cuales eligen tres senadores por provincia en las Elecciones Generales, y un senador por designación autonómica (al que se le suma un senador extra por millón de habitantes).

El Constituyente quiso al diseñar la arquitectura de nuestro sistema democrático que hubiera un equilibrio en la representación de la ciudadanía que encarna el Congreso y la representación de los territorios que materializa el Senado, sumando todo ello lo que es el concepto de soberanía nacional. Podemos entrar a debatir sobre si esto tiene sentido o no, o sobre si es necesario mantener una cámara con tan pocas funciones, pero mientras no se cambie se respeta.

Lo que es aberrante, intolerable y vergonzoso desde cualquier punto de vista institucional, es que justamente ahora que las funciones del Senado eran importantes porque le permitían a la oposición someter a votación iniciativas que habían sido vetadas por el Gobierno, se le supriman al Senado sus funciones.

Y, para mayor escándalo democrático, esto se hace a través de una mayoría absolutamente artificial en la Mesa del Congreso, ya que el PSOE y Sumar ostentan el 55% de los puestos en la Mesa frente al 43,4% de los escaños que suman en la Cámara.

Sin embargo, aún no hemos llegado al colmo de esta situación: lo que se ha hecho constituye un ataque sin precedentes a la soberanía nacional.

El motivo porque el que se han practicado esta serie de arbitrariedades es que las iniciativas planteadas, especialmente la rebaja del IVA, tenían muchas probabilidades de salir adelante.

Es decir, el PSOE está recurriendo a métodos inconstitucionales para que no se pueda votar en la sede de la soberanía nacional y no se pueda expresar la voluntad del pueblo español.

El Poder Ejecutivo, liderado por ese aspirante a tirano que es Pedro Sánchez, no solamente arremete constantemente contra el Poder Judicial e intenta controlarlo, sino que mantiene secuestrado al Poder Legislativo.

Por eso defiendo públicamente que ayer Francina Armengol perpetró un Golpe de Estado: no sólo usurpó las funciones de forma inconstitucional a la otra cámara que encarna la soberanía nacional, sino que lo hizo precisamente para que los diputados que representan a la ciudadanía no pudieran ejercer su derecho a la participación política.

Y lo más insólito de todo es podríamos tener la excepcionalidad de contar con una presidenta del Congreso imputada, como ya ocurriera en el 2017 ante el golpe secesionista del procés. En opinión de varios juristas relevantes, lo perpetrado ayer por los miembros de la Mesa podía ser constitutivo de tres delitos: prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Continuando con la analogía, los letrados de la Cámara también avisaron en 2017 de que lo que se estaba haciendo era ilegal.

El Gobierno se vanagloria continuamente de que ya no padecemos el procés en Cataluña, pero esto es debido únicamente a que han conseguido extenderlo al conjunto del territorio nacional y hacer que vivamos nuestro particular "proceso".

No nos equivoquemos: lo que se está construyendo es un régimen en el que el poder, de espaldas a la ciudadanía, legisla, ejecuta y controla a su antojo. Armengol, como hiciera Forcadell, no desobedeció por error, sino por diseño. Si hoy miramos hacia otro lado, mañana será demasiado tarde para exigir un límites institucionales que hemos permitido quebrarse.