Muy al sur de Lutecia, en una península azotada por la corrupción y la propaganda, todo el Estado está ocupado por el sanchismo... ¿Todo? ¡No! Dos aldeas galas pobladas por irreductibles jueces resisten todavía y siempre al invasor.
Permítame el lector que me haya tomado esta nostálgica licencia para ilustrar la situación en la que se encuentra la democracia española.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo manifestó que la Ley de Amnistía no era aplicable a Puigdemont, dando al traste con la agenda del Gobierno para permitirle regresar a España en verano, lo cual le garantizaría a Pedro Sánchez poder acabar la legislatura.
El Gobierno, en el infinito ejercicio del trilerismo legislativo al que nos tiene acostumbrados, al aprobar la Ley de Amnistía se valió de una treta para conseguir que esta pudiera ser aplicada a Puigdemont sin colisionar con los tratados europeos: decir que sólo se perdonará la malversación de fondos públicos cuando esta no implique un enriquecimiento patrimonial personal.
De este modo, conseguían borrar los principales delitos de los líderes del procés protegiéndose de eventuales cuestiones prejudiciales que los tribunales españoles elevaran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, en junio del 2024, el juez Llarena echó por tierra esta jugarreta jurídica al razonar que Puigdemont no se podía beneficiar de ella porque el concepto de enriquecimiento personal no era solo un aumento del patrimonio como tal, sino que los condenados por malversación del procés, al haber utilizado fondos públicos de manera ilegal para conseguir la independencia de Cataluña, se habrían beneficiado individualmente, pues habrían impulsado un proyecto político personal ilegítimamente mediante el erario público.
Como era de esperar, Puigdemont recurrió dicha decisión y ahora ha sido la Sala de Apelaciones del Supremo la que ha decidido, por unanimidad, ratificar la brillante argumentación de Llarena, todo un torpedo contra los sueños de Su Sanchidad de tener una legislatura algo menos complicada.
Por otro lado, el pasado miércoles culminó el pleno del Tribunal Constitucional donde Pumpido constató su soledad al manifestarle la inmensa mayoría de sus compañeros que pretender evitar que la Audiencia Provincial de Sevilla pueda presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE era poco menos que un suicidio institucional.
La cuestión prejudicial es un instrumento que todos los jueces europeos tienen a su disposición y que les permite acudir al TJUE cuando tienen sospechas fundadas de que una resolución legal es contraria a los tratados europeos.
La Audiencia Provincial de Sevilla había iniciado los trámites para poner una a raíz de las polémicas sentencias del Constitucional sobre los EREs andaluces que exoneraron a varios dirigentes socialistas como Chaves o Griñán. El motivo es claro: podrían violar el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y la directiva 2017/1371, que obligan a los Estados a proteger los intereses financieros de la Unión y a luchar eficazmente contra la corrupción.
Para impedirlo, Pumpido quería valerse de los artículos 4 y 92 de la Ley del Tribunal Constitucional, los cuales le facultan a adoptar cuantas decisiones sean necesarias para imponer las resoluciones de dicho órgano. Lo irónico es que estos fueron los mismos instrumentos que se se usaron en su día para parar el golpe secesionista del procés, y hoy se querían usar para justamente intentar evitar que el Estado de Derecho acabara prevaleciendo.
Pero el intento estaba condenado al fracaso, ya que los tratados europeos predominan sobre el derecho nacional y el artículo 267 del TFUE le da a cualquier juez español la posibilidad de acudir al TJUE cuando piense que se está violando el derecho comunitario europeo.
Esto, que es obvio para cualquier jurista, es lo que Pumpido pretendía rebatir recabando informes de letrados del Constitucional que recopilaran argumentos legales que evitaran una cuestión prejudicial que pudiera echar abajo su amnistía encubierta a Chaves y a Griñán, pero no ha encontrado a nadie tan ávido de poder como para atreverse a poner su nombre en tal aberración jurídica.
No obstante, que haya sido capaz de atreverse siquiera a plantearlo evidencia que, paralelamente a lo que le está ocurriendo a Sánchez, está perdiendo el contacto con la realidad.
Al igual que no se entiende que Sánchez le haya declarado la guerra al presidente de Prisa, Josep Oughourlain —simplemente porque este se negara a poner en marcha una televisión que no necesita—, no se entiende que Pumpido se empeñara en recabar apoyos para intentar evitar algo que cualquier individuo con unas mínimas nociones de derecho internacional le hubiera dicho que es imposible de evitar.
Por todo esto, el Tribunal Supremo y el TJUE se han convertido en las únicas dos instituciones que el sanchismo no ha podido dominar: al Congreso lo ningunea aprobando decretos sin control, al Senado le veta sus iniciativas, a la Fiscalía y al Constitucional los controla a placer…
En el universo de Goscinny y Uderzo resistían gracias a una poción mágica. Aquí no hay brebajes, solo dos instituciones que aún no han sido domesticadas porque la realidad —por ahora— se lo impide.
El problema es que, en Moncloa, hace tiempo que dejaron de ver la realidad como un límite. Y cuando eso pasa, el poder ya no tiene frenos: solo dirección.